La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha evitado la celebración de un juicio por estafa al llegar el acusado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, en virtud del cual ha reconocido que se quedó con 60.000 euros de dos personas que estaban interesados en la compra de una vivienda en el municipio de A Estrada pero que desistieron de adquirir la propiedad.
Tanto el acusado, David Q.V., como la empresa a la que representa vieron reducida la pena inicial a la que se enfrentaban. Así, el hombre será condenado a dos años de prisión —se enfrentaba a cuatro y medio— y la sociedad al pago de una multa de 150.000 euros —le pedían 200.000— y a dos años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. Además, ambos deberán pagar, en concepto de responsabilidad civil, 62.000 euros, 50.000 iniciales y 12.000 de intereses.
La empresa también condenada se dedica a la gestión y desarrollo de bolsas de suelo, compraventa de inmuebles y promoción de edificios. Tanto el procesado como su empresa, según el fiscal, se enriquecieron ilícitamente de la operación de compraventa frustrada.
La acusación particular y el fiscal manifestaron su respaldo a que se suspenda el ingreso en prisión del acusado con la condición de no delinquir durante cuatro años y de que abone la responsabilidad civil en un plazo de dos meses.
