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Anulan una sanción de 29 días sin clase impuesta a un alumno del CPI de Cuntis

Imagen de la fachada central del centro escolar en el que estudiaba el menor. GONZALO GARCÍA
Imagen de la fachada central del centro escolar en el que estudiaba el menor. GONZALO GARCÍA
El TSXG ratifica la sentencia, en la que figura que las pruebas usadas por la dirección del centro fueron manipuladas

Corre el rumor por el CPI Marcelino Rey, de Cuntis, de que un alumno ha introducido en el centro alguna "sustancia grave para la salud". Los responsables recaban el testimonio de varios compañeros, siguiendo un trámite irregular porque (siendo menores) no están presentes sus tutores, no tienen en cuenta las argumentaciones ni la documentación entregada por sus responsables legales, ni el informe del Departamento de Orientación.

Concluyen el expediente imponiéndole la sanción más severa de cuantas podrían aplicar, 29 días de expulsión, y cuando son advertidos de la irregularidad en la toma de declaración, llaman a los supuestos testigos para que acudan a declarar de nuevo, acompañados por sus tutores, y manipulan las fechas del expediente.

El Xulgado do Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra declara la nulidad del expediente y condena a la Consellería de Educación e Educación Universitaria al pago de una multa de 7.000 euros, un fallo que ratifica parcialmente (deja sin efecto la sanción económica) el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

IMPACTO EMOCIONAL. Estos acontecimientos provocan un fuerte impacto emocional en el alumno y truncan su trayectoria académica. Al finalizar el curso se ve obligado a cambiar de centro. Los profesores implicados siguen impartiendo magisterio en varios colegios de la red pública.

La toma de declaraciones fue realizada de forma irregular al no estar presentes los tutores de los supuestos testigos

En la sentencia emitida en primera instancia, el 12 de abril de 2019 consta que la familia alega que el expediente se inicia a raíz de unos hechos "no contrastados con los requisitos mínimos exigidos en ley", y agrega que el menor niega haber introducido sustancia alguna en el centro, y que sus compañeros "conocen la situación de oídas".

Aseguran que "fuma, sin especificar nada sobre la sustancia", unas afirmaciones falsas "según se comprueba en las analíticas realizadas dos días después de la sanción", y tampoco queda acreditado que hubiese mostrado nada en el colegio. De haber sido así, agrega que "dejaría en entredicho la labor de vigilancia", precisa.

Respecto a las declaraciones, fueron tomadas entre los días 10 y 13 de noviembre, y una vez resuelto el expediente (e impuesta la sanción), la dirección se remite a unas entrevistas realizadas el 15 y el 16 del mismo mes, en las que estuvieron presentes sus progenitores. La familia pide que le aclare lo acontecido y le responden que la segunda declaración "era para comprobar que se ratificaban en sus testimonios".

Tal y como consta en la sentencia emitida por el TSXG, "el director reconoció ante la Inspección Educativa no haber recibido el 16 de noviembre de 2017 aquellas declaraciones de los alumnos en presencia de sus padres, sino que ello tuvo lugar en enero de 2018".

La Inspección Educativa no tuvo conocimiento del procedimiento, y fue abierto un expediente disciplinario al director

La tutora mantiene que "las declaraciones son nulas" y que los componentes del equipo directivo "falsean los hechos, o al menos se intenta añadir al expediente, una vez finalizado, unos documentos nuevos poniendo fecha falsa anterior a su realización".

Expone la demandante que las circunstancias particulares del menor (trastorno de por déficit de atención) "no han sido tenidas en cuenta", ni fue aplicado el protocolo vigente en estos casos.

Cumplida la sanción (29 días de expulsión, la más severa son 30) citan al menor y a sus tíos y les comunican "la activación del referido protocolo", pero un mes después ya no lo llevaron a cabo, señala su representante.

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