Ha sido una de las principales demandas de José López a la Xunta de Galicia desde que llegó a la Alcaldía de A Estrada, y al fin el popular verá materializada la ansiada autovía que unirá el municipio de Tabeirós con Santiago de Compostela, ciudad de la que depende en muchos aspectos, entre ellos el sanitario.
Y es que este miércoles, al fin, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, anunció el inicio del proceso de información pública del estudio de impacto ambiental y de la actualización del proyecto de construcción del tramo que falta para unir Santiago y A Estrada (AG-59) y que lleva años estancado. Se trata de 7,5 nuevos kilómetros de esta autovía autonómica libre de peaje entre A Ramallosa (Teo) y el enlace con la PO-841, en O Rollo (A Estrada).
Así, la Xunta de Galicia se compromete a recoger en los Presupuestos de 2021 la partida necesaria para hacer realidad esta infraestructura, valorada en casi 48 millones de euros.
El Diario Oficial de Galicia publicó este miércoles el inicio del proceso de información pública del nuevo tramo de la autovía, mientras que la titular de Infraestruturas detalló que desde este jueves y hasta el próximo 4 de enero todos los interesados pueden realizar las aportaciones que consideren oportunas, que serán analizadas y se tomarán en consideración cuando sea pertinente.
Ethel Vázquez precisó que la determinación de la Xunta para materializar la prolongación de esta autovía libre de peaje se tradujo en la tramitación conjunta de dos subtramos distintos: entre A Ramallosa y Pontevea (AC-241) y entre Pontevea (AC-241) y O Rollo (enlace PO-841). "E con esa mesma vontade", añadió, "unifícase nun único procedemento a tramitación ambiental, o inicio do proceso expropiatorio restante e a actualización dos proxectos".
Por otro lado, la responsable del departamento de Infraestruturas de la Xunta puso el acento en la complejidad técnica de la actuación, que requiere de la ejecución de tres nuevos viaductos, uno de ellos para salvar el río Ulla, siete pasos inferiores y tres superiores. Esto supone una inversión de la Administración autonómica de más de 46,5 millones de euros, a los que deben sumarse los casi 1,2 millones de euros necesarios para completar las expropiaciones.
