La Corporación municipal de Silleda celebró este jueves la sesión ordinaria en la que el Gobierno local aprobó, con la abstención de los dos grupos de la oposición, las bases reguladoras de ayudas complementarias para material escolar de familias que necesitan de una especial protección y las bases que regularán las becas municipales para estudiantes universitarios y de ciclos formativos durante este curso.
La cuantía de estas dos acciones en materia de ayuda al estudio es de 20.000 euros, al igual que el pasado año.
La oposición criticó el retraso en la aprobación y cuestionó las ayudas, aludiendo a las ya existentes becas del Estado o la gratuituidad del transporte. El PP cuestionó también que no se pidiese justificación de las mismas. "Estas axudas naceron cando non había ningún tipo de apoio no transporte e o espírito segue sendo o mesmo, o de axudar aos mozos e mozos e as familias que o precisan nos gastos do estudo", indicó el alcalde, Manuel Cuiña.
Festivos locales para el próximo año
En la sesión se ratificaron los festivos locales para el 2023: el viernes 7 de julio (Festa do Lacón) y lunes 21 de agosto (después de las Festas da Bandeira).
Además, se aprobó el convenio con el ORAL para delegar en este organismo provincial la auditoría de las cantidades que las grandes empresas ingresan en las arcas municipales en función de los beneficios.
Cuiña explicó que hace años el Concello de Silleda contrató a una empresa para realizar este trabajo "con resultados moi satisfactorios, xa que se detectou que as liquidacións tiñan que ser máis elevadas".
El BNG apoyó favorablemente este punto, mientras que el PP se abstuvo por considerar que el trabajo de auditar los ingresos de las más de 30 grandes empresas que operan en Silleda se puede hacer con personal municipal.
Cambios en las cuentas
La modificación presupuestaria con cargo a los remanentes, por importe de 500.000 euros, para hacer frente a la fuerte subida del precio de la electricidad y la retención del crédito en caso de que entre en vigor este año el nuevo contrato de mantenimiento eléctrico, salió adelante con el voto favorable del ejecutivo socialista y la abstención de los grupos de oposición.
Cuiña advirtió que la buena situación financiera de las arcas municipales permitirá en este caso afrontar el incremento de costes (que casi duplica las previsiones del presupuesto inicial) sin tener que eliminar servicios.
Los grupos de oposición criticaron la falta de previsión en los presupuestos de este año. El portavoz popular, Ignacio Maril, señaló que la situación era "reflexo da xestión do goberno", respondiendo afirmativamente el alcalde y responsable de Facenda. "Claro que é un reflexo da nosa xestión. Despois dunha pandemia, unha guerra, e o aumento desorbitado no prezo da luz temos cartos para facer fronte sen ter que suprimir servizos como pasou hai dez anos polo despilfarro nos anos de goberno do PP", dijo Cuiña.
"É certo que deberiamos ser previsibles, pero ninguén podería prever unha guerra ou unha suba no prezo que fai que o Concello estea pagando de luz nun mes o que antes se pagaba en dous", añadió.
Trabajos de la Galiña Azul
El orden del día incluyó un reconocimiento extrajudicial de crédito para las obras de la Galiña Azul, que tal y como refleja un informe técnico superó en 6.000 euros el coste inicial por un error en los cáculos de medición.
El PP acabó votando en contra, después de un debate en el que cuestionó el papel del Concello en el mantenimiento de este centro y la contratación de la empresa que realizó las obras.
"Esta obra vai a cargo do atropello do Consorcio de Benestar con todos os Concellos galegos", explicó el alcalde. Cuiña recordó que, pese a haber conveniado con la Xunta que el Concello asumía el 30% de los gastos del centro, cuando se creó el Consorcio estableció para los concellos con escuelas infantiles y centros de día una tasa, que en el caso de Silleda es de 75.000 euros anuales, de los que se descontarán estas obras. El BNG también coincidió con el Gobierno en que es la Xunta, con competencias en educación, quien debe asumir los costes de servicios.
Por último, se aprobó por unanimidad una declaración institucional con la que se inicia el expediente para la elaboración del Plan de Medidas Antifraude, a lo que están obligados todos los concellos para poder optar y justificar ayudas con fondos europeos. Pese a la unanimidad en la votación, el Partido Popular acusó al Gobierno municipal de "falta de transparencia e neutralidade, asi como corruptelas".
