El Juzgado de Instrucción Número 2 de Lalín acaba de decretar el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias previas abiertas a raíz de la denuncia presentada por un trabajador del Concello de Lalín contra el teniente de alcalde, Nicolás González Casares, al que el empleado municipal acusó de un presunto delito de falsificación de documentos públicos, revelación de secretos y acoso laboral. Del auto judicial, dictado el pasado día 12 y contra el que cabe recurso, se desprende que "aínda habendo novos indicios ou presentarse novas probas os feitos non poden ser investigados". Así lo anunció este viernes el edil en una rueda de prensa, arropado por sus compañeras de filas en el Gobierno local, Celia Alonso y María Jesús Sánchez.
La denuncia fue presentada a finales de septiembre de 2017 y el concejal fue citado a declarar ante la Guardia Civil un mes después. "Quero dicir que nunca fun investigado", recalcó este viernes González, que admitió haber sufrido durante este tiempo "un calvario no persoal e no político" que incluso afectó a su salud.
El edil lamentó las "filtracións" a los medios de comunicación sobre el caso y aseguró que "probablemente houbo colaboradores internos e, dende logo, unha intencionalidade política", dijo. "A intención non era nin máis nin menos que menoscabar a miña dignidade, honradez e honestidade, atacarme no persoal" afirmó. "Todos sabemos quen é o denunciante, das súas relacións e o compromisos que podía ter", añadió, al tiempo que recriminó al PP que "de forma reiterada" lo haya atacado durante este tiempo. "En canto entraba nalgunha trifulca con eles rapidamente sacaban que eu estaba denunciado e quero volverlles a dicir, sobre todo ós señores do PP, que non vale todo".
El juez alude al "poco fundamento" de las argumentaciones del denunciante sobre la supuesta usurpación de su identidad mediante el uso de su firma digital mientras se encontraba de baja, práctica que se habría realizado para agilizar expedientes en el departamento de Servizos Sociais. La autoridad judicial también excluye "radicalmente la trascendencia penal" de los hechos denunciados, señalando que la "única intención de la Administración fue proveer la sustitución de un funcionario de baja médica y no ninguna otra de las que el denunciante, con poco fundamento, dice sospechar".
Según el auto, las diligencias practicadas "desmienten la existencia de una situación de acoso laboral penalmente relevante" de la que también se acusaba al edil. Y añade que "ni asumiendo íntegramente el relato del denunciante podríamos entender cometido un delito de acoso laboral". El juez "di que non fun nin incorrecto, nin hostil nin, para nada, tiven unha actitude nin fría nin molesta cara ó denunciante".
El alcalde, Rafael Cuíña, mostró su satisfacción por la resolución y dijo "tomar boa nota" de los "comportamientos mafiosos. Todos sabemos quen fai as denuncias, en que fotos saen, a que actos acuden e a que forzas apoian". Tildó de "miserable" la actitud de la oposición en este asunto.
