La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda está tramitando un expediente sancionador contra el propietario de los perros de Ribela (A Estrada), que protagonizaron el pasado verano un incidente al agredir a una vecina.
Así lo ha trasladado este martes la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, durante una intervención parlamentaria para informar de las medidas y actuaciones adoptadas por su departamento con relación a este caso.
El expediente se inició el pasado 10 de septiembre por parte de la jefatura territorial de Medio Ambiente en Pontevedra ante la presunta comisión de siete infracciones tipificadas como leves, graves e incluso muy graves en la legislación sectorial vigente.
En concreto, ha detallado que, entre las conductas de mayor gravedad que se le imputan al propietario, figura carecer de la preceptiva y obligatoria licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos, así como no adoptar las medidas oportunas para evitar su huida.
También se le atribuye incumplir la obligación de haber identificado a los perros potencialmente peligrosos; o ser titular de un establecimiento dedicado a la supuesta recogida, cesión y adopción de animales abandonados sin disponer de la correspondiente autorización administrativa.
En estos momentos, ha añadido, el expediente sancionador se encuentra en trámite y, del mismo, se derivarán las sanciones oportunas contra el propietario de los perros, en aplicación tanto en la ley sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos como de la Ley de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia.
COMISO CAUTELAR DE LOS PERROS. Como medida complementaria y "ante la gravedad de los supuestos hechos ocurridos", Belén do Campo ha explicado que a mediados de octubre la Consellería de Medio Ambiente acordó el comiso cautelar de los perros objeto del expediente sancionador, "una medida cautelar prevista" por la Ley de protección y bienestar animal con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, el bienestar de los animales y la salud pública.
En aplicación de esta resolución, la directora xeral ha informado de que, en los últimos días, personal dependiente de la consellería, acompañado por funcionarios municipales, policía local, miembros del Seprona y personal de la perrera de la Diputación, se personaron en la vivienda y procedieron a la retirada de ocho animales.
Esta decisión se mantendrá provisionalmente mientras persistan las causas que la motivaron.
Do Campo ha abogado por "reforzar la coordinación" con los ayuntamientos y con el Seprona para poder actuar con mayor rapidez ante este tipo de casos y lograr que la vía judicial y la administrativa avancen desde el principio en paralelo.
