La Fiscalía Provincial de Pontevedra solicita que se le imponga una condena de tres años de cárcel a Rafael García, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo período de tiempo, como presunto autor de un delito de administración desleal durante su etapa como presidente de la Comunidade de Montes en Man Común de Lornés, de la parroquia de Troáns (Cuntis).
En el mismo escrito, el representante del Estado insta al Juzgado de lo Penal al que corresponda resolver esta causa que obligue al investigado a indemnizar a la Comunidade de Montes, para lo que solicita una cantidad que asciende a 188.437,68 euros, "por el perjuicio causado por el delito perpetrado".
El fiscal pide que la indemnización sea afrontada conjunta y solidariamente entre Rafael García y Ernesto O.C., porque el segundo es el representante legal de un empresa a la que la Comunidade de Montes de Lornés encargó la realización de una corta de árboles.
Según el fiscal, la compraventa acordada correspondió a 2.985,11 toneladas de pinus pinaster de un diámetro menor de 35 centímetros, y de 5.500,11 de un diámetro superior a la citada medida por un precio de 19.389,20. "Ello, pese a que eran conscientes, como profesionales del sector maderero, de que el precio de la madera era muy superior: en concreto: 211.826,68 euros", indica el fiscal. Esta cantidad es la suma de 35.823,36 euros, de 2.985,28 toneladas, cuyo precio es doce euros, y de 5.500,11 a 32 euros, figura en el escrito de acusación.
"Ernesto O.C. se quedó con la madera cortada por su empresa, de la cual era socio único, y Rafael García dejó que se llevase la madera cortada y se la quedase, pese a venderla por un precio muy inferior al valor de mercado, causando una pérdida patrimonial a la Comunidad de Montes Vecinales en mano Común de Mano Lornés", expone el Ministerio Público.
DILIGENCIAS. En el apartado de diligencias solicitadas figura que sea interrogado el expresidente de la Comunidade de Montes y las declaraciones de tres testigos del lugar de Lornés.
Con la finalidad de probar la realización del presunto delito, el fiscal también pide la citación de un ingeniero técnico agrícola, como perito judicial, y aporta la denuncia presentada por varios comuneros y la autorización de la corta expedida por la Xunta de Galicia.
Este caso tiene su origen en una denuncia presentada por un grupo de comuneros en 2014, año en el que se realizó la corta de pinos, "sin haber tenido en cuenta las ofertas de otras empresa madereras y sin informar de los precios pactados para dicha venta, ni de la empresa con la que había acordado", exponen en el escrito presentado entonces en el Juzgado de Instrucción de Caldas de Reis.
Exponían entonces que "una vez realizada la tala, y tras mucho insistir, el denunciado entregó a los comuneros la copia de la factura de venta, enterándose en ese momento de cuál fue la empresa a la que se había vendido la madera y por cuánto se había vendido la misma".
También hicieron constar su "sorpresa" porque en este documento no figuraban las toneladas de madera, el precio de venta ni el tipo (grosor, características...), al igual que el precio, que califican de "barato" teniendo en cuenta la superficie de monte talada.
Pero lo que más les llamó la atención es que el dinero procedente de la venta "nunca se ingresó en la cuenta de la Comunidad". Y cuando lo hizo, y pudieron observar la factura, en este documento figuran trabajos de rareo, plantación, desbroce y otros por 19.389 euros, una cantidad 20 céntimos inferior al precio de venta de la madera. Los comuneros llegaron a la conclusión de que lo había acordado con la empresa encargada de la tala.
AUTORIZACIÓN. Entonces solicitaron al presidente que les entregase la autorización de la corta de 2,908 pies de pinos, en una superficie de 7,59 hectáreas, con una salvedad, deberían haberse dejado los mejores ejemplares , cortando los secos y malformados, pero sucedió "todo lo contrario; es decir, se talaron los mejores".
A la vista de estos hechos, pidieron una valoración a un ingeniero técnico, en el que figura que fueron talados 11.705 pies "lo que dista mucho de las solicitudes presentadas pro el denunciado y para las que se concedió autorización por al Xunta de Galicia".
Rafael García cuestiona el valor del informe, afirmó que hasta la fecha presentó documento algunos y anunció que en su momento expondrá los argumentos con los que considera que quedará acreditada su inocencia.
