La familia Campos Paseiro reclama al Concello de A Estrada y a la Xunta de Galicia una indemnización de unos dos millones de euros por no haber concedido la licencia solicitada en 2003 para la construcción de 85 viviendas en la zona de ampliación de los jardines municipales, propiedad desde el pasado mes de diciembre de la Administración local. El alcalde, José López Campos, los ediles Juan Constenla y Alberto Blanco y el exregidor José Antonio Dono comparecieron ayer en el juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra, que sigue la causa.
Según explicó el actual mandatario local tras celebrarse la vista, los promotores presentaron el proyecto en el Concello "xusto un mes antes" de que se decretase la suspensión de licencias municipales por la aprobación inicial del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Precisó que antes de dicha paralización, la Administración local le envió un requerimiento "porque había dez deficiencias no proxecto básico, pero nunca se chegaron a subsanar e, entretanto, paralizáronse as licencias. Polo tanto, quen non cumpríu a súa parte foron os promotores. Non subsanaron as deficiencias e, polo tanto, non corresponde o pago de indemnización", afirmó el regidor, que declaró como testigo.
Esta es la postura que defiende la Administración local, frente a la familia demandante, que presentó reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Xunta, como máxima responsable de la aprobación de las normas transitorias en 2006 (que clasificaron como no edificable los terrenos de ampliación de los jardines) y contra el Concello, por aplicarlas. Los promotores demandan el lucro cesante y la pérdida de beneficios por no poder construir.
"Nós cremos que non lle corresponde nada", insistió López Campos. El abogado del Concello aprovechó la vista para poner en cuestión un informe pericial "co que discrepamos absolutamente", señaló ayer el alcalde. "Cremos que non hai ningún dano; non subsanaron o requerimento e, polo tanto, houbo dez cuestións que nunca se chegaron a resolver. Tiveron prazo para poder facelo e non o fixeron, polo tanto, non hai ningún tipo de responsabilidade patrimonial", recalcó.
«Imos defender unha decisión que tomou o Goberno local hai 15 anos, que entendemos que é totalmente procedente. Estamos defendendo a posición da Administración, nin sequera a do Goberno», afirma el alcalde estradense.
Una de las vías que toma el abogado de los demandantes es la de tratar de demostrar que el Concello pretendía desde hace años reservar los terrenos en discordia para materializar la ampliación de la Alameda, de ahí que pudiese ser reticente a conceder licencia para la construcción de las viviendas que pretendían ser levantadas en este zona. La campaña vecinal de reunión de firmas en favor de la ampliación de los jardines municipales fue otra de las cuestiones que salieron a relucir en la vista de ayer.
El siguiente paso, según señaló López Campos, será conocer si la jueza solicita más información sobre el caso. A partir de ahí, tendrá que formular escrito de conclusiones a las partes y auto.
