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El PSOE de Valga recurre el archivo de la causa de las comisiones de seguimiento

Tres de los representantes del grupo municipal socialista en el Concello. CEDIDA
Tres de los representantes del grupo municipal socialista en el Concello. CEDIDA

Los socialistas mantienen que existen indicios de un delito de prevaricación administrativa

Nulidad de pleno derecho por falta de motivación suficiente, indefensión generada por la carencia de investigaciones y existencia de indicios de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos son los argumentos en los que estructura el PSOE de Valga el recurso presentado ante la Audiencia Provincial después de que el Xulgado de Instrucción número 1 de Caldas de Reis hubiese decidido archivar la causa abierta contra el alcalde y varios componentes y exmiembros de la Corporación municipal derivada de los cobros realizados por su asistencia a las comisiones de seguimiento.

Dos sentencias, de la Audiencia provincial de Girona y del Tribunal Constitucional, señalan que las resoluciones deben estar motivadas y no elaborarse sin entrar en el fondo del asunto que se trata, como entienden los socialistas que sucedió en este caso.

"No se han practicado las mínimas diligencias de investigación tendentes a esclarecer los hechos denunciados", figura en el recurso. Durante más de 20 años los interventores y los secretarios de Valga lo fueron de manera accidental y ninguno fue llamado a declarar, y tampoco el alcalde, los ediles y los exconcelleiros.

No fue tenido en cuenta un informe emitido por el Colexio Oficial de Secretarios e Interventores de Pontevedra (Cosital), solicitado por el fiscal, en el que figura que las comisiones de investigación no son legales y que en sus reuniones no estuvo presente un funcionario público para levantar acta de lo tratado.

No se han practicado las mínimas diligencias de investigación tendentes a esclarecer los hechos denunciados

El PSOE sostiene que existe prevaricación porque se produjeron unos cobros desde 1991 (que cifran en medio millón de euros), a pesar de que la oposición cuestionó su legalidad en el momento en que fueron aprobados, y lo hizo de nuevo en 1999, afirmando que era una artimaña para pagar "sobresueldos" a los ediles del PP.

Lejos de buscar un informe jurídico que avalase esta actuación, lo que hizo el Gobierno local fue "conseguir, por todos los métodos posibles, que Valga no contase con un interventor de carrera, con capacidades y conocimientos para reflejar que las comisiones eran ilegales", valiéndose para ello del recurso de otorgarles una "retribución anormal e inxustificadamente baixa", señala el Cosital.

El PSOE subraya que la mejor prueba de la validez de sus argumentos es que cuando el Concello contó con el primero de carrera, no ordenó "ni un solo pago más" por este concepto. Los recurrentes mantienen que el alcalde y los ediles saben que en las reuniones de cualquier órgano colegiado (como las comisiones de coordinación) debe estar presente el secretario.

En este punto, los socialistas consideran "sorprendente" que en el auto del Xulgado su titular no se hubiese pronunciado sobre este extremo, al igual que el fiscal en su informe ya que, incluso aunque quienes cobraron no supieran que lo hacían de manera irregular, en este tipo de asuntos "el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento".

El fiscal reconoce su uso "abusivo" y "fraudulento"
"En el presente caso se dan todos y cada uno de los requisitos que han de concurrir para la existencia de un delito de malversación", argumenta el PSOE en su recurso, y agrega que ni siquiera se llegó a investigar si se celebraron las reuniones de las comisiones de coordinación.
En su informe, el fiscal apunta que la actuación de los denunciados podría considerarse "de dudosa legalidad desde el punto de vista administrativo, dada la utilización abusiva y fraudulenta de una figura prevista (las comisiones de seguimiento) para otros fines específicos".
Los socialistas mantienen que "existen indicios más que suficientes de que los investigados actuaron de forma palmaria con la específica intención de utilizar los caudales públicos para su beneficio particular, porque se aprovecharon de la ausencia de interventores o secretarios municipales de carrera o con formación para cobrar asignaciones que, de otra forma, no podrían haber percibido, con claro ánimo de enriquecerse a costa de los fondos municipales".

 

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