A principios de diciembre de 2017, el Consello da Xunta aprobó el decreto de declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de prolongación de la autovía AG-59 en el tramo comprendido entre A Ramallosa y Pontevea, en el límite con el municipio de A Estrada. Diez meses después, la Administración autonómica convoca a los titulares de dichos terrenos para activar la ejecución de la primera fase de la obra. Los afectados han sido citados los días 20, 21, 22, 23, 26 y 27 de noviembre en la Casa Común de Cacheiras, en el Concello de Teo, para proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación. Además, se abre un plazo de quince días para consultar el proyecto y presentar alegaciones.
Según confirmaron ayer fuentes de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, el proyecto contempla también la existencia de fincas en territorio estradense que podrían ser ocupadas, si bien la Xunta no convocará a sus propietarios hasta determinar si, efectivamente, serán utilizadas. En total, se prevé la expropiación de 562 predios entre los concellos de Teo y A Estrada.
Los presupuestos de la Xunta para 2019 reservan una partida de dos millones de euros para este trámite expropiatorio. La ejecución del primer tramo de ampliación contempla una longitud de tres kilómetros y, una vez esté operativo, permitirá reducir el tráfico en la actual carretera AC-841 a lo largo de los núcleos de Chao do Río, Ferreiriño y Pontevea. Asimismo, facilitará la comunicación entre Santiago y A Estrada y, por extensión, la comarca de Tabeirós-Terra de Montes. La actuación incluirá un viaducto y cuatro pasos inferiores, además de las estructuras necesarias para ejecutar los enlaces previstos en A Ramallosa y con la AC-841.
