Investigadores, asociaciones científicas y sindicatos coinciden en que el recorte de 600 millones de euros en I+D+i es una muy mala noticia para la ciencia española, una reducción que en todo caso debe inclinarse más hacia los créditos que a las subvenciones para evitar el estancamiento del sistema.
El pasado 30 de diciembre el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reducción de 600 millones de euros de las subvenciones y préstamos en la investigación, desarrollo y la innovación (I+D+i), un recorte enmarcado en el acuerdo de no disponibilidad de crédito que limita el presupuesto de los ministerios durante el primer trimestre del año, a la espera de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación está ya elaborando los nuevos presupuestos científicos, los cuales tendrán entre sus prioridades al personal investigador.
Fuentes de este departamento han confirmado a Efe que la secretaria de Estado, Carmen Vela, está trabajando para que el impacto de los recortes sea el menor posible para la ciencia, como ya anticipó el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos: "Tendremos que hacer más con menos recursos".
Las consecuencias de este nuevo "hachazo", como lo han calificado los sindicatos, aún no se pueden predecir, según las fuentes consultadas por Efe, que han señalado que no son noticias positivas.
NIVELES DE 2005
Desde la Cosce (Confederación de Sociedades Científicas de España), que agrupa a más de 50 sociedades científicas, su presidente, Carlos Andradas, ha dicho en declaraciones a Efe que este recorte retrotrae al sistema a niveles de financiación de 2005.
Andradas, quien ha indicado que existe un riesgo de que la ciencia española se estanque, ha apuntado que sobre todo corre peligro la incorporación de los jóvenes científicos al sistema de I+D.
Tras declarar que estos se encuentran ahora con un "panorama sombrío" ante la falta de presupuesto que afecta, entre otros, a la oferta pública de empleo, Andradas ha relatado que la Cosce ha solicitado una reunión con Carmen Vela, a quien ven "consciente" de las dificultades presupuestarias.
Andradas, quien ha subrayado que aún hay que esperar a la letra pequeña del recorte, ha apostado por optimizar al máximo el dinero existente, una optimización que pasa por que la disminución de fondos se concentre más en los préstamos a empresas, y no en las subvenciones a centros públicos de investigación.
Juan Mulet, director general de Cotec (fundación para la innovación tecnológica), ha remarcado: "Reducir no nos gusta a nadie", y ha opinado que las consecuencias de esta reducción presupuestaria pueden llegar a ser "horrorosas".
CAÍDA CONTÍNUA
En este sentido, ha subrayado que el sistema de I+D+i, aunque "aguanta, va cayendo de manera continuada", ya que sus actividades en España aún están lejos de la media europea, un 1,39 % del PIB frente al 2 % europeo.
"La noticia -del recorte de los 600 millones- es mala, aunque depende de cómo la interpretemos", ha concretado Mulet, quien ha recordado que "casi ningún año" se han ejecutado todos los préstamos previstos, por lo que ahí "sí hay margen para recortar", pero no en las subvenciones, lo que será "claramente negativo" para el sistema.
El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Emilio Lora-Tamayo, afirmó en una entrevista con Efe esta semana que "va a costar mucho acomodar el recorte", aunque intentará evitar consecuencias "irreversibles" en un campo en el que destruir es "relativamente fácil" y construir una labor de muchos años.
Desde la Fundación Genoma España, su director, Rafael Camacho, ha manifestado que un anuncio positivo no es, si bien ha negado que una noticia de este tipo suponga, como dicen algunos, una "hecatombe".
Por su parte, CCOO y UGT han remitido una carta a la secretaria de Estado solicitándole una reunión. Así lo ha confirmado a Efe Salce Elvira, de CCOO, quien la pasada semana se reunió con representantes de los organismos públicos de investigación y constató la "gran preocupación" existente. "Es un nuevo hachazo al futuro de la ciencia española", ha opinado Elvira, para quien el recorte de los 600 millones puede poner en cuestión el sistema de investigación público.
De la misma opinión es Amaya Moro, de la plataforma "Investigación Digna", quien ha alertado de que es "un recorte impuesto a un sistema ya débil", lo que mezclado con la falta de empleo público supone una "agonía". A su juicio, se va a perder una generación de investigadores y el sistema español va a perder credibilidad internacional.
