Corría el año 2012 cuando, en apenas 48 horas, una organización criminal internacional conseguía vaciar las cuentas del Concello de Cerdedo. Mediante el phishing, los cibercriminales, por aquel entonces pioneros a la hora de hacerse con el patrimonio ajeno a través de Internet, se hicieron con las claves bancarias del citado Concello, y durante los días 22 y 23 de octubre lograron adueñarse de 202.712 euros de forma no autorizada.
Once años después de aquellos hechos y tras un laborioso trabajo por parte del Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra que dirige José Torres, y que contó con el apoyo de la UCO, la Audiencia Provincial condena a diecisiete personas por los delitos de estafa informática o blanqueo de capitales, según los casos. Los procesados no son, eso sí, los responsables últimos del desfalco, sino las mulas económicas que sirvieron de puente aportando sus datos bancarios y personales para hacer llegar el dinero desde Cerdedo hasta terceros países, principalmente en el Este de Europa, con ubicaciones concretas en puntos como San Petersburgo.
Así, los condenados por estafa informática (en dos de los casos en grado de tentativa) "contactaron con personas desconocidas por medio de Internet, quienes les ofrecieron supuestamente trabajar para una empresa" que les ofrecía un porcentaje del importe de las transacciones en las que participasen. De forma inmediata, tenían que remitir las cantidades a otras cuentas de la organización para hacer que el rastro del dinero se perdiese. Así, los ahora condenados efectuaron 46 transferencias a sus cuentas.
Los otros siete condenados, "a cambio de un sueldo mensual que oscilaba entre los 2.500 y los 4.000 euros, más una comisión mínima del 5 por ciento, debían retirar el importe de las transferencias recibidas y remitirlas a una tercera persona a través de una empresa de mensajería instantánea, normalmente Western Union o Money Gram".
Las pesquisas llevaron a la Guardia Civil a distintos puntos de España, Galicia incluida, donde se encontraban estas mulas económicas que han sido condenadas a penas de entre tres y diez meses de cárcel, según el delito cometido, además de, en algunos casos, al pago de indemnizaciones por el dinero que durante un tiempo, al menos, permaneció en sus cuentas bancarias.
Los hechos causaron en su día un gran quebranto a las arcas municipales, que tuvieron dificultades para hacer frente a pagos de obras pendientes e incluso a los funcionarios, si bien Abanca asumió la devolución del dinero.
