domingo. 25.08.2019 |
El tiempo
domingo. 25.08.2019
El tiempo

2018: Cuando el urbanismo fue una pesadilla

Uno de los días de mayor tensión en la lucha para evitar el derribo de la casa de Santa Cristina, Vilaboa. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
Uno de los días de mayor tensión en la lucha para evitar el derribo de la casa de Santa Cristina, Vilaboa. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Vilaboa aprobó su PXOM paa aliviar la presión social en el municipio. La subestación de Bértola, el IES de Soutomaior, la reforma de la N-541 en Viascón y el Verdugo, causas del año

Más que nunca, el 2018 fue el año del urbanismo en Vilaboa, un concello que llevaba desde 2002 trabajando para aprobar su Plan Xeral y que vio como en los doce últimos meses una sucesión de coincidencias llevaron al Gobierno bipartito a la aprobación definitiva del documento a marchas forzadas, que aún espera en la Dirección Xeral de Urbanismo el último análisis antes de ser elevado a definitivo. En la historia del tramo final del trabajo del PXOM de Vilaboa la Aplu y la Fiscalía tuvieron un insólito protagonismo, tras culminar varios procesos judiciales emprendidos contra vecinos que contaban con expedientes urbanísticos. La presión en forma de juicios a propietarios de casas sin licencia en zonas de suelo rústico (de los que los tres realizados hasta el momento concluyeron sin consecuencias penales para las propietarias encausadas) y de expedientes de derribo como el que está pendiente de ejecutar sobre la casa del vecino de Santa Cristina y responsable de Salvemos Vilaboa, Enrique López Patricio, causaron una gran movilización social y conmocionaron a la sociedad vilaboesa, que salió a la calle para reclamar la aprobación de un documento que iba a permitir solucionar la mayor parte de los 58 expedientes existentes en el municipio y evitar situaciones similares a decenas de propietarios. A su vez, los vecinos se concentraron delante de la casa amenazada por el derribo para evitar la acción de la empresa contratada para este fin mediante una acción de resistencia pacífi ca inédita: la acampada frente a la vivienda que duró varios meses y que aún se mantiene, en cierto modo, en forma de guardia vecinal.

A nivel municipal, el principal escollo fue el informe negativo de Augas de Galicia, que encontró que el PXOM no justificaba la existencia de recursos hídricos suficientes para los núcleos que se habían propuesto. La posibilidad de que la Xunta aprobase un plan parcialmente en el que iban a quedar excluidas las parroquias de Bértola y Figueirido motivó que se redoblasen esfuerzos e incluso se destinase personal a ayudar a legalizar traídas y pozos vecinales. Al final del proceso, incluyendo también muchos ‘recortes’ no deseados en las zonas de núcleo urbano y de expansión, el documento estuvo listo para recibir el vistobueno de la Corporación a principios de noviembre. Pero este no fue el único conflicto que tuvo Vilaboa, ya que otro de los detonantes de mayor movilización social de la última década en el Concello volvió a estar de actualidad. Renfe anunció su apoyo a Red Eléctrica Española para la reactivación de su proyecto de electrificación del tramo del AVE en el Sur. La famosa subestación que Bértola rechazó durante años volvía a iniciar su tramitación después de años en el limbo de los olvidados. El Concello y los vecinos reiteraron su rechazo y acogieron la noticia con prudencia. Pasados unos meses del anuncio, el Tribunal Supremo, ante el que había pendiente un recurso de casación, reconoció el derecho del Concello de Vilaboa a litigar contra la subestación. Sus recursos en vía contenciosa habían sido rechazados en todas las instancias por un presunto incumplimiento de los plazos, algo que el Supremo rechazó. Esto obliga al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a reiniciar el proceso judicial y da tiempo y esperanza a la causa de quienes rechazan que la planta de media y alta tensión se emplace en el centro de la parroquia.

La reforma de la N-541 en Viascón, Cerdedo-Cotobade también generó rechazo social

Sea por culpa de que 2018 ha sido año preelectoral o sea por pura casualidad, a pocos concellos de la comarca de Pontevedra le han faltado este año conflictos. En el caso de Cerdedo-Cotobade, en donde todavía se goza de todos los beneficios económicos e inversores de la fusión, el susto llegó en septiembre con un proyecto de Fomento para rehacer un tramo de la N-541 en Viascón. El plan también dormía el sueño de los justos, pero, de repente, muchos de los vecinos afectados fueron citados para la expropiación. La reforma supondrá el ensanche del tramo de la nacional que pasa por Viascón dotándolo de carriles de servicio y eliminando la posibilidad de girar a la izquierda (lo que obliga a cambiar de sentido en el pueblo de al lado). Una vez más, los vecinos de esta parroquia se levantaron en armas y una concurrida manifestación dejó claro que era preciso que Fomento reconsiderase los detalles de esta propuesta.

Un conflicto con final feliz, al menos, de momento, es el del trasvase del río Verdugo para mejorar el abastecimiento de Vigo. La insistencia del alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero parece no encontrar eco en una Xunta que reconoce ahora que lo más viable sería canalizar agua desde el Miño y ha dejado el asunto en la agenda del Ministerio de Medio Ambiente. Pladever el colectivo social que encabezó la lucha contra el trasvase ha retomado con fuerza la defensa del río y eligió el segundo semestre del año para anunciar su nueva campaña que pretende que se declare la caducidad de la minicentral Presa do Inferno, una concesión que ya expiró y que incumple la actual normativa ambiental.

En Soutomaior la sanidad pública y el insitututo han sido los caballos de batalla. En este concello se logró el hito histórico de inaugurar un instituto para cerca de 400 alumnos. Un logro que costó millones de euros y que cambiará la vida de cientos de niños que no tendrán que ir a estudiar a concellos vecinos. Las limitaciones del centro, y, en especial los recortes de Educación, que empezó el curso erradicando una céntrica parada, motivaron gran movilización social. El Concello lleva también dos manifestaciones por la mejora de la sanidad pública y contra los recortes en el centro de salud local.

En Ponte Caldelas, 2018 fue el año del Balneario y de la Praza de España. El Concello cerró la compra de la parcela del viejo Balneario y encargó el ante proyecto para transformarlo en un complejo termal.

A su vez, puso en marcha la reforma del espacio central del municipio: una plaza que pasará a contar con 4.000 metros cuadrados gracias a la semipeatonalización de dos viales locales, al traslado de una fuente y a la reforma de los aparcamientos. La obra, que se completará en enero, está casi lista y supondrá un cambio radical en el centro de la villa.

2018: Cuando el urbanismo fue una pesadilla
Comentarios