Cuatro meses ha tardado el alcalde, Xosé Manuel Fernández Abraldes, en pasar a comparecer como investigado tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el supuesto sobrecoste de las obras de la piscina municipal, adjudicadas en 2018 a Construcciones e Ingeniería Messi SL, y que se inauguraron el pasado verano después de que fuese necesaria una modificación en el proyecto.
El PP eligió los días anteriores a la celebración de las elecciones municipales de mayo para anunciar que se pondría en conocimiento de la Fiscalía la situación de aquel contrato y el regidor se enteró por la prensa de que iba a ser denunciado. Por aquel entonces calificó la actuación del PP como "unha pataleta electoral". En la jornada de este viernes convocó a los medios para exponer la situación: acaba de ser llamado a declarar como investigado por la citada obra, financiada con cargo al Plan de Reequilibrio de la Deputación.
Fernández Abraldes, que comparecerá el martes a las 10.00 horas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Caldas, al igual que el aparejador municipal, Ricardo Sobral, y la empresa constructora, se mostró "absolutamente tranquilo, porque o proxecto da piscina foi executado de maneira impecable tanto a nivel técnico como de procedemento". Aclaró que además de pasar cuatro meses, la Fiscalía llamó a declarar a los denunciantes tres veces. Es decir, que en este periodo han pasado por la Fiscalía de nuevo para ratificar la denuncia el portavoz del PP y exregidor 'popular' José Antonio Landín y el técnico superior José Antonio Roncero, que firma el informe técnico que avala la tesis del PP de que hai gato encerrado en la ampliación del proyecto.
"NADA QUE VER"
Esas tres comparecencias se produjeron porque "a propia denuncia é unha chapuza total: compara cifras sen IVE que contemplan as baixas da adxudicación con outras cifras co IVE aplicado e nas que si se contemplan as baixas; achega como proba unha modificación de crédito que non tivo nada que ver coa obra da piscina e un informe de duplicidades nos gastos que non se sostén".
La denuncia del PP señalaba que en el momento en que se realizó el modificado del proyecto, se podría estar incumpliendo la Ley de Contratos, al entender que se superaba el 20% en el incremento del coste total de la obra que se recoge en la Ley de Contratos, atendiendo siempre a la supuesta existencia de dos cláusulas en el contrato original que impedirían cualquier tipo de cambio.
El regidor nacionalista matiza que el PP no se molestó en los meses previos a la denuncia "en preguntar polos motivos do modificado do proxecto, nin pediu que lle explicaran a necesidade de facer eses cambios técnicos". Así, aclara que "o proxecto foi seguido e controlado dunha maneira exquisita por parte dos servizos técnicos municipais ademais de contar coa supervisión dos servizos técnicos da Deputación e cunha empresa de control de calidade (contratada por 12.000 euros) para facer un control diario das obras".
Precisamente de esa empresa partieron las observaciones que dieron lugar al modificado, porque, entre otras cosas, se descubrió que hacía falta excavar más y reforzar la plataforma del vaso de la piscina. El PP afirma, con sus cifras, que ese modificado supera el 21% de aumento sobre el coste del proyecto inicial. Lo que señala Abraldes es que para ello "o PP compara a cifra de adxudicación inicial sen IVE e aplicada a baixa de adxudicación, co importe total do modificado, con IVE e sen esa baixa. A porcentaxe real do modificado é do 15,73%", apunta el alcalde, que señala que, como la empresa Construcciones Mesi ofreció una rebaja del 18% entre las mejoras, en realidad, el añadido al proyecto se financió con esa partida ahorrada previamente.
"Desta maneira, sobraron 18.567 euros da subvención da Deputación". Siendo así también "extraña" al alcalde que el PP aportase como prueba una modificación de crédito aprobada el 11 de junio y que ascendía a 26.952 euros, los cuales se destinaron a obras de carpintería de aluminio en el Pazo de San Marco, a mejorar un camino y a eficiencia energética.
La obra y el modificado cuentan, además, con el visto bueno del Servizo de Cooperación de la Deputación y tampoco recibieron informe desfavorable de la Intervención municipal en el proceso de tramitación.
