Conmoción en Ponte Caldelas ante el giro que ha dado la instrucción de las diligencias de la investigación sobre el asesinato de Manuel Rivas Muíños, más conocido en la villa del Verdugo como Manolán, que falleció el 28 de noviembre de 2015 en su piso, apuñalado en reiteradas ocasiones por Marcos Vidal, el amante de su mujer.
Un auto de la Audiencia Provincial emitido el día 9 obliga ahora a la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra a ampliar la imputación en calidad de investigada contra la mujer del fallecido, Sandra M., quien hasta el momento compareció únicamente como testigo y es, al mismo tiempo, acusación particular en esta causa contra Vidal, que el mismo día del crimen se entregó a la Guardia Civil y se declaró autor del crimen.
El auto de la Audiencia es la respuesta al recurso de apelación interpuesto por la otra acusación particular, encarnada por los padres del fallecido, que piden saber si hubo más implicados en la muerte de Manuel Rivas Muíños, ante la posibilidad de que este no fuese un crimen pasional al uso.
La petición se había formulado en varias ocasiones a la jueza mientras instruía la investigación, pero fue denegada hasta el punto de que la familia apeló ante la Audiencia. El auto emitido ahora tiene en cuenta esa decisión y el papel de la jueza en la gestión de la investigación con arreglo a la aplicación de la Ley del Jurado (pues este caso será visto por un jurado popular). Sin embargo, aún así la Audiencia no comparte con la jueza y con el fiscal (que tampoco quiso ampliar la causa) la decisión de no investigar a Sandra M., determinación que califican de «precipitada», a la luz de los datos que constan.
A su vez reconoce que la credibilidad de la viuda está "cuestionada", "habida cuenta de las omisiones e inexactitudes que se coligen de sus declaraciones, en contraste con las diligencias de investigación practicadas". Por esta causa, las magistradas de la Audiencia consideran "que se hace necesario realizar otras diligencias de investigación que ayuden al total esclarecimiento de los hechos y, fundamentalmente, que permitan afirmar o descartar con taxatividad la participación de Sandra" en el asesinato o en cualquier otro delito relacionado, como, por ejemplo, la omisión del deber de socorro.
A su vez, señalan directamente a las mentiras de las sucesivas declaraciones de Sandra M., así como a las llamadas telefónicas entre ella y el autor confeso de la muerte de Manolán en los instantes posteriores al suceso. "No puede caer en saco roto la falta de claridad, inconcreción e, incluso, la falta de verdad de Sandra en hechos tan elocuentes como que había venido manteniendo una doble relación sentimental con su esposo y con el investigado", relatan, para añadir que eso hace que no puedan "resultar creíbles las afirmaciones relativas al pretendido conocimiento por parte de su esposo fallecido de la situación de acoso y de amenaza a la que supuestamente el investigado tenía sometida a Sandra".
La petición de la Audiencia es explícita, puesto que no cabe recurso y señala que ella debe "dar respuesta, entre otros, a extremos tan importantes como al que alude la propia instructora relativo a las razones por las cuales llamó al 112 antes de que el investigado (Marcos Vidal) le dijese que su marido estaba agonizando y de que le enviase la foto que mostraba el estado de la víctima, y solo podrá hacerlo desde la posición de investigada a fin de salvaguardar todos sus derechos".
La familia señaló incongruencias en las declaraciones de la viuda, como el hecho de haber negado que aún mantenía la relación con el amante; las acusaciones contra este por malos tratos, que fueron desestimadas por un tribunal a mediados de 2017, y otros detalles como el hecho de que ella alertase al 112 sobre la agresión que sufrió su marido unos diez minutos antes de que Marcos Vidal le enviase un mensaje en el que le contaba lo que había hecho y la foto de Manuel agonizando.
