El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra solicitará a las compañías telefónicas los datos que permitirían la triangulación de los terminales móviles de las tres personas implicadas o presuntamente implicadas en el crimen de Ponte Caldelas, que el pasado 28 de noviembre de 2015 costó la vida al vecino de la villa Manuel Rivas.
El tribunal pontevedrés había emitido un auto en el que se aceptaban la mayor parte de las diligencias solicitadas por el abogado de la acusación particular que consiguió que la viuda de Rivas y amante del hombre que le apuñaló sea investigada para que se aclaren las sombras sobre su posible participación en los hechos.
Entre esas diligencias para saber si Sandra M. era consciente o partícipe de lo que estaba pasando o podía pasar a su marido, se había rechazado la propuesta de petición de datos a las compañías telefónicas, encaminada a triangular los teléfonos de Manuel; de su verdugo, Marcos, y de su viuda, Sandra, para situarlos a estos dos últimos en el lugar en donde afirmaron estar en sus declaraciones. La jueza rechazó inicialmente esta petición, pues las empresas de telefonía tienen obligación de almacenar los datos de los terminales durante doce meses, y el hecho delictivo a analizar se produjo hace casi dos años y medio.
La magistrada y el fiscal coinciden en que no hace falta ampliar la autopsia por si se puede determinar la hora de la muerte con más precisión
Frente a esto, acusación particular sostiene en su recurso de reforma que «es sabido» que estas empresas almacenan los datos para sus propios estudios de mercado, de modo, que jueza y fiscal concluyen que no habría problema en realizar la consulta para saber si estos han sido destruidos o no, y pedir que se aporten para la geolocalización, en su caso.
Lo que no admite el tribunal es la necesidad de realizar un informe complementario a la autopsia, ni el testimonio de los agentes que elaboraron los informes relativos a la entrada y registro al domicilio de la pareja en la calle México. En ambos casos, jueza y fiscal señalan que no es necesario en ninguno de los supuestos, habiendo aún informes ampliatorios pendientes y recuerdan que tampoco la Audiencia Provincial era favorable a estas diligencias en el auto que obligó a la ampliación de esta investigación.