La Asociación Vecinal, Cultura y Recreativa Combarro continúa en su lucha por evitar el derrumbamiento parcial de ocho de los 16 chalets construidos en la urbanización Mar de Tambo, situado frente a la playa de Ouriceira, en Chancelas.
Tras años de incertidumbre y desesperación por la situación, la entidad pide ahora al Concello de Poio la celebración de un pleno extraordinario para abordar esta problemática. Los vecinos también solicitaron al Gobierno local, desde su "capacidade organizativa", que prepare "unha grande movilización veciñal de apoio, coa corporación municipal diante".
En un comunicado, los afectados indicaban que el Gobierno Municipal de Poio había concedido en su día la licencia para la construcción de la urbanización, así como la de primera ocupación para las ocho viviendas afectadas por los derribos, que fue aprobada por la Xunta de Goberno local en el año 2007.
Además, la AVCR Combarro expone que la inspección municipal "nunca comunicou irregularidades no desenvolvemento das obras, nin solicitou a súa paralización", como la Xunta de Galicia, que tal y como indican "queda clara a súa participación dende o principio", junto con la de la administración local.
Paralelamente, algunos de los afectados ya convocaron la semana pasado un acto de protesta para este sábado día 5 a las 18.00 horas "ante a indignación do futuro das nosas vivendas".
A principios del mes de mayo, Jacobo Hortas, de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), informó a los afectados de que el proyecto de demolición de las ocho viviendas ya estaba terminado, supervisado y aprobado, a la espera de licitar la obra para ejecutarla.
Por eso, con la protesta que se llevará a cabo el sábado, los vecinos expresaran que "o conxunto arquitectónico de Mar de Tambo, non supón ningún impacto ou dano á contorna de Combarro, que ademais ubícase a pouco mais de 500 metros de Covelo, núcleo poboacional onde se levantan edificios de 20 metros da liña de costas".
Los afectados indican que derribar estas ocho viviendas por invadir dos metros la línea de los 100 metros de costa es "un disparate e ademais ilegal" y que esta situación conllevará el desahucio de ocho familias que "se atoparán sen unha vivenda digna".
