La Guardia Civil desbloqueó los accesos a la prisión pontevedresa de A Lama después de no detectar riesgos. Tras varias horas de incertidumbre y con el penal provincial cerrado por el hallazgo de una carta sospechosa, la Guardia Civil ha comenzado a dejar salir al personal al no apreciar riesgo en el envío sospechoso.
A las 17.45 horas, la Guardia Civil permitió la salida del recinto de los dos funcionarios que entraron en contacto con el sobre, previa descontaminación. Aunque todo apunta a una falsa alarma, especialistas procedentes de Madrid viajarán este jueves a A Lama para inspeccionar a fondo la misiva.
La cárcel había activado la "alerta biológica" en sus instalaciones tras la recepción de un sobre que contenía polvos en su interior, según confirmaron fuentes penitenciarias. Especialistas en la lucha contra armas bacteriológicas de la Guardia Civil se dirigieron al centro penitenciario de A Lama ante la llegada de un artefacto sospechoso.
La prisión evacuó la zona del penal en la que se halló una carta que ahora será inspeccionada por los agentes.
El envío, recibido en la estafeta postal de la prisión, fue abierto sobre las 12.45 horas por dos funcionarios que alertaron a la dirección al comprobar que dentro del sobre había una sustancia polvorienta de color blanco. Los dos trabajadores fueron aislados en la estancia en donde se encuentra el sobre.
El protocolo activado impidió durante unas horas que los funcionarios puedan entrar ni salir de la zona en donde se ha producido el contacto con esta sustancia, el área de oficinas.
La comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra también llegó a activar el protocolo ante hechos susceptibles de defensa nuclear, radiológica, biológica y química.
En concreto, fuentes penitenciarias han informado de que de los 60 funcionarios que trabajan en A Lama, el domingo fueron a trabajar 31, el lunes 30, el martes 28 y este miércoles un total de 24.
Precisamente, en una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha avisado de que las bajas médicas de funcionarios de prisiones que no sean reales conllevarán responsabilidades penales.
Ortiz ha señalado que el organismo trabaja para dilucidar si se encuentra ante una huelga encubierta, debido a las "bajas masivas" que se han producido, y ha recordado que los sindicatos de trabajadores penitenciarios ya plantearon una "semana de la salud" para diciembre. "Estamos comprobando si las bajas masivas son reales o no y depurar responsabilidades. Si fueran premeditadas podría haber responsabilidades penales", ha señalado.
