La Axencia de Proteción da Legalidade Urbanística acaba de resolver que un puente construido por el Concello de Barro hace unos diez años debe ser demolido por la entidad municipal en el plazo de tres meses.
En el caso de incumplir el mandato de la Axencia de Reposición da Legalidade Urbanística, esta entidad procederá a su ejecución subsidiaria o a la imposición de multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros.
La resolución fue notificada en la primera quincena de mes al Ayuntamiento, explicando que, contra este acuerdo, cabe el recurso de reposición, en el plazo de un mes, aunque es ya la recta final de la fase administrativa iniciada hace años, cuando una particular de la zona, se vio afectada por la decisión del Concello de construir un puente que teóricamente iba a unir San Antoniño con la zona situada en frente, separada por el regato Areal.
En la zona había un camino, pero no un vial, y el Concello procedió con la construcción del puente cuando este aún estaba en suelo rústico. El expediente de la Aplu recoge que las obras, actualmente rematadas, carecían de licencia, acuerdo municipal de aprobación del proyecto o autorización autonómica exigida por la LOUG. Estos hechos fueron constatados por un subinspector en 2007. Desde entonces, el Ayuntamiento ha intentado, infructuosamente, legalizar el puente. La primera vez con una Modificación Puntual del PXOM (en el que no aparece el vial ni el pontón) que fue aprobada en 2015, antes de la salida de la Alcaldía del anterior regidor, José Antonio Landín (PP).
Esta modificación, que siguió vigente para declarar el suelo de equipamiento que iba a necesitarse para el plan de Ciudad Deportiva del Pontevedra, fue anulada en todo lo referente al ámbito de Valbón, en donde se planificaba la carretera que uniría San Antoniño y Valbón y que daba sentido al puente. Al parecer, el proceso se había realizado sin el pertinente periodo de exposición al público y alegaciones, por lo que el Tribunal Superior de Xustiza lo anuló en 2016.
El alcalde actual de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes (BNG), indicó que "esta non é a primeira notificación deste tipo que se recibe no Concello, e presentaremos o correspondente recurso de reposición en tempo e forma. Ademais, no caso de que se nos rexeite, cabe a opción de ir aos tribunais", recalcó.
El Bipartito acaba de aprobar, con la abstención del PP, una nueva propuesta de Modificación Puntual para la zona que, una vez superado el trámite municipal, debe continuar con su proceso administrativo ante la Dirección Xeral de Urbanismo. El regidor insiste en que "nós non entramos a valorar o que sucedeu. A ponte é un recurso que pode ser útil, que fon construída con fondos públicos e que terá que ser derrubada se non se legaliza tamén con fondos públicos. Mentras poidamos facer algo para legalizala, aforrar eses cartos e dar un servizo aos veciños, tentarémolo", indicó.
