La situación del saneamiento en la parroquia de Raxó continúa envuelta en polémica. Al cruce de reproches entre el Concello de Poio y la Xunta de Galicia por la falta de avances en la construcción de la futura Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) se suma ahora un expediente sancionador, incoado por Augas de Galicia, en el que se propone multar al Ayuntamiento con 30.000 euros como supuesto responsable de un vertido no autorizado de aguas domésticas, sin tratamiento previo, a través de las instalaciones municipales de saneamiento situadas en la playa de Raxó.
El ente dependiente de la Administración autonómica entiende que esta actuación es susceptible de alterar la calidad del agua y define como leve la supuesta infracción. Además, al margen de los 30.000 euros de multa, cifra en otros 10.000 los daños provocados por el vertido.
El Concello, que recibió esta notificación hace apenas un mes, no ha tardado en reaccionar. La Xunta de Goberno aprobó a principios de mayo un escrito, a modo de alegación, que ya fue remitido a Augas de Galicia. Según precisaron fuentes del Consistorio, el recurso aún no ha recibido respuesta. En todo caso, el Gobierno local tiene muy clara su argumentación. A su juicio, tal y como consta en el documento enviado a Santiago de Compostela, "o Concello non pode considerarse responsable deste suposto feito que se lle imputa" por diferentes razones. El bipartito echa mano de diferentes antecedentes para defender su postura. Por ejemplo, recuerda que en julio de 2012 Augas de Galicia también tramitó un expediente sancionador, al no haber asumido el Concello la reparación de una avería detectada en el emisario de Raxó. "Esa avaría foi arranxada pola propia Xunta de Galicia, a petición da Administración local", señala la alegación, que incide en que el importe presupuestado para esta actuación ascendió 47.600 euros, más IVA.
Asimismo, el Ayuntamiento poiense entiende que es el Gobierno gallego el que debe hacer cumplir el Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015, que exige que se lleve a cabo "o tratamento axeitado de todos os verquidos procedentes das aglomeracións urbanas que representan menos de 10.000 habitantes e se vertan en augas costeiras, situación na que, precisamente, se atopa o núcleo de Raxó", indica el informe remitido a la Xunta. El Concello tampoco esconde su malestar por el hecho de que esta propuesta de sanción se realice después de que el propio Gobierno local instase a Augas de Galicia a que diese cumplimiento a lo que establece en este plan. "Non é casualidade que, a raíz dese requirimento, se teña acordado incoar este expediente sancionador. Entendemos que é unha consecuencia derivada da petición que este Concello fai para que se execute o proxecto da EDAR", concluye el escrito.
DENUNCIA. Por otro lado, la Xunta de Goberno también acordó este lunes emprender acciones legales para forzar al Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo a que construya la depuradora. El Concello acudirá a la vía judicial para tratar de desbloquear el proceso.
Por su parte, la Administración autonómica insiste en que debe ser el Ayuntamiento el que establezca el emplazamiento. Poio sostiene que debe ubicarse en Pampaído, en la parroquia sanxenxina de Dorrón.
