El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, atajó este jueves toda crítica a su gestión económica y exigió que la oposición le "pida perdón" después de haber sembrado dudas sobre la solvencia financiera del Concello.
Díaz atribuyó los desfases en los pagos a la falta de interventor, que acaba de resolverse después de que cuatro profesionales distintos pasasen por el puesto. En actualidad, y con el informe de Intervención del tercer trimestre en la mano, el alcalde recuerda que no hay motivos para la alerta y ratifica que el Concello cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria. El alcalde adelanta que "estamos pagando ya relaciones cuantiosas de facturas y en las próximas semanas estará todo pagado y liquidado. Tenemos interventor por fin, pero viene un día por semana, aunque está adelantando bastante".
El documento enviado a Facenda refleja también que la Corporación cumple la regla de gasto al cierre del trimestre corriente y que, aún estando sujetos a un Plan Económico Financiero, cumplirá también el techo de gasto (más restrictivo) establecido en el mismo.
"El nivel de gastos e ingresos, según los datos del informe de Intervención, está equilibrado"
Añade el alcalde que "el nivel de gastos e ingresos, según los datos del informe de Intervención, está equilibrado". El Concello cuenta en el trimestre citado con un remanente de Tesorería de más de 830.000 euros "es decir, más de 800.000 euros de ahorro", apostilla. Así, si se cumplen los objetivos fijados para este año, el Concello terminará el año aportando incluso amortización de deuda hasta dejarla por debajo del millón de euros (la deuda del Concello supera el millón de euros, pero es una cantidad a sumar a los 1,2 millones de facturas acumuladas).
La cifra, señala Díaz, es igual a la que había en el anterior mandato. En esta ocasión la deuda bancaria se ha asumido "para importantes avances para el municipio, como la renovación integral de la Praza de España, el cambio del césped de Chan da Barcia, las actuaciones en todos los parques infantiles la mejora del Paseo Cordo Boullosa, la compra de los terrenos del Balneario y muchas actuaciones en el rural".
"Exponemos los datos con prudencia, a la espera de la liquidación anual, pero queremos mostrar la realidad del Concello, porque este Gobierno es responsable, riguroso y transparente en la gestión", indica el alcalde, que recalca la importancia de trasladar datos reales.
"La oposición, PP y BNG, quisieron aprovecharse de la falta de interventor, lo que derivó en la imposibilidad del pago de facturas", apunta Díaz, que señala que "también se quisieron aprovechar de un error burocrático en la tramitación del Plan Económico Financiero, lo que supuso que el Concello tuviese que bloquear una partida de dinero superior a la necesaria". Esta cuestión "en breve estará solucionada» y permitirá que «que los pagos se normalicen en las próximas semanas". "Pedimos seriedad a la oposición y reclamamos una disculpa pública por engañar a la vecindad", concluye.
INFORME SESGADO. Aunque el PSOE exija disculpas de la oposición, el PP, al menos, no parece dispuesto a cejar en su crítica a los números del nuevo Gobierno caldelano. Lejos de eso, el portavoz del PP, Antón Xil, sacó este jueves un comunicado acusando a Díaz de simular una salud económica que el Concello no posee, y que se debatirá este viernes en la Comisión de Contas y también en el próximo Pleno. Xil insiste en que el mismo documento, el informe trimestral del nuevo interventor, ha sido revelado de modo sesgado para aparentar mayor solvencia económica.
El portavoz considera "irresponsable que Díaz publique una información parcial y sesgada de la realidad económica a través de una captura de la documentación presentada ante el Tesoro correspondiente a las intenciones y pronósticos para el año fiscal 2019 cuando está inacabado y cuando acumuló 1.2 millones de euros en facturas impagadas antes del 30 junio. Las series históricas de cierres de ejercicio del mandato anterior siempre han sido negativas. De hecho, en 2016, Díaz tuvo un cierre contable en el que se fue sin pagar 95.000 euros y los aprobó para el año siguiente; en 2017 la cifra aumentó a 170.000 euros y en 2018 la cifra reconocida por el interventor fue de 256.647 euros".
La Conta Xeral de 2018, además, según el PP, "cifran el remanente de 2018 en 64.917,55 euros que se ven mermados por tener acreedores por operaciones pendientes de aplicar en el Presupuesto a 31 de diciembre de 2018 por un valor de un total de 278.804,94 euros, lo que arroja un resultado final de un déficit de Tesorería de 213.887,39 euros", insiste.
El PP destaca que la Comisión de Contas será el momento de saber si las famosas facturas acumuladas y el pago de horas extra a los operarios municipales se han podido ir realizando.
