Eliminar el obstáculo de Ponte do Inferno costaría un 75% menos que legalizarlo

Pladever pidió informes a un constructor que estima en 100.000 euros el coste de la primera fase y en 250.000 el de las tres ►Ecologistas en Acción se sumó este miércoles a las diligencias por el posible delito ecológico
El muro del embalse, el remonte obsoleto y especies invasivas en el río. DP
photo_camera El muro del embalse, el remonte obsoleto y especies invasivas en el río. DP

Entre 1902 y 1906 se creó el embalse de Ponte do Inferno en el río Verdugo, una construcción que entre los años 70 y 80 creció sobre el río creando un paredón de 12 metros para seguir produciendo electricidad. Ese cambio, incompatible con la normativa estatal y europea de aguas dejó al río con un embalse cinco metros por encima de lo permitido, que es objeto de reclamaciones de la Xunta para su legalización desde hace más de 14 años. En ese periodo se detectó algún que otro incumplimiento de la ley, como cuando en 2005 un agente ambiental se encontró el río seco en todo el cauce, delatando así una práctica ilegal de acaparamiento del agua para su turbinaje dejando el curso sin caudal ecológico. En 2017, la concesión de la central expiró, sin que la firma concesionaria, Elecdey, o su propietaria, Naturgy, hubiesen adaptado el encoro a la normativa ambiental o devolviesen al río a su esstado.

En 2018, Pladever, el colectivo ambientalista nacido en torno al río Verdugo, pidió a la Xunta que declarase la caducidad de la concesión, dado que la empresa seguía produciendo electricidad. Desde entonces, han sido varios los capítulos escritos en torno al embalse, entre ellos, la sorprendente situación que se produjo cuando la Xunta dejó sin efecto el expediente de caducidad iniciado a raíz de esta petición, o el momento en que Pladever, previa intervención de su vocal para la conservación de los cursos fluviales, Jesús de la Fuente, confirmó que en 2019 no se cumplía el caudal ecológico, con un informe visado por ellos mismos, pues el embalse está tan anticuado que no dispone de elementos visuales que permitan que se constate esta medición a simple vista.

A raíz de esto y de datos anteriores como el informe del agente de Medio Ambiente, la Fiscalía inició una investigación, que está en fase de diligencias previas, para determinar si hubo delito ecológico. En la jornada del miércoles, por primera vez, la asociación ha podido contar con una representante legal en la sala judicial. Lo hizo a través de Ecologistas en Acción, ONG que se ha unido a la causa y que, dado su carácter de organización de interés público, ha conseguido la justicia gratuita para acudir a este proceso como acción popular.

En caso de que la jueza decida que hay indicio de delito, esto permitirá que los ecologistas ejerciesen como acusación. Además, Pladever ha querido lanzar un nuevo mensaje, explicando cuál sería el siguiente paso si la concesión expirase, por lo que pidió informes a un constructor sobre el coste de reabrir el embalse. Así, frente al millón de euros que, según la hidroeléctrica, costaría adaptar el encoro a la ley, "abrir en tres fases este salto custaría 250.000 euros". El plan, indicó Jesús de la Fuente este miércoles, se realizaría por fases "para evitar devolver toda a auga ao mesmo tempo, e perxudicar tamén así ó río". Un primer movimiento, costaría 100.000 euros y permitiría ya la recuperación del caudal y el paso de las especies que en actualidad no pueden remontar el obstáculo, y los siguientes removerían más piedra y se podría actuar sobre las especies invasivas que ocuparon el cauce por la degradación actual del río. El informe se enviará a Augas de Galicia, aunque los ecologistas recuerdan que la ley obliga a que sea quien explotó el río el que lo devuelva a su estado anterior.

Comentarios