Si hubiesen prestado más atención a la identidad de al menos uno de los presuntos compradores, tal vez nada de esto habría pasado. Manuel Cameán y Rolando Andrade, administradores de Intec y Ronáutica, respectivamente, firmaron en octubre del año recién concluido la venta de sus participaciones en el puerto deportivo de Combarro (en la práctica, la venta del negocio) a una dupla de empresarios coruñeses. Uno de ellos, Carlos Alfonso García Martín, le sonará, y mucho, a los antiguos dueños de Feca-Neón (histórica compañía de ópticas de la ciudad herculina), a los propietarios del gigante del pescado procesado Isidro de la Cal e incluso al máximo responsable de El Correo Gallego. García Martín intentó adquirir todas esas firmas, pero solo consiguió hacerse con la primera. Pero ni Isidro de la Cal, ni El Correo Gallego, ni los administradores del puerto de Combarro olvidarán su nombre, pues en todos los casos negoció y cerró la adquisición de las firmas, pero a la hora de pagar, no aportó los fondos prometidos.
Ronáutica e Intec, cuyos dueños contactaron con este periódico en las últimas horas y que administran de forma mancomunada la sociedad Combarromar, ya han denunciado lo ocurrido en los juzgados de Pontevedra. Los empresarios, que temen maniobras por parte de los presuntos compradores para hacerse dueños de la entidad, ponen sobre la mesa los supuestos delitos de allanamiento de locales del puerto deportivo, coacción a los empleados y apropiación indebida de las citadas sociedades. "Cuando expiró el plazo y vimos que no habían pagado vinieron a las oficinas para tomar posesión de la sociedad. Tuvimos que llamar a la Guardia Civil para que se fuesen", detalla uno de los afectados.
El primero de los hechos que denuncian los propietarios ocurrió el 22 de enero, sobre las 12.00 horas, cuando los denunciados (el citado García Martín y su socio, Carlos Orozco) "se personaron en las oficinas del puerto deportivo y exigieron de forma amenazante a Rolando Andrade y a Victoria Santoro (directora del puerto) que abandonasen las instalaciones, porque ellos se iban a hacer cargo de la sociedad". Los agentes de la Guardia Civil les comunicaron que no podían desalojar a quienes se hallaban en las oficinas sin una resolución judicial, por lo que se fueron del lugar.
Sobre las 15.00 horas, y cuando los administradores y la directora del puerto se habían ido, los denunciados "se dirigieron de nuevo allí con la intención manifestada a los marineros de reventar las cerraduras y cambiarlas para tomar el control de la empresa". Guardia Civil y Policía Local se personaron en el lugar y volvieron a indicarles a los coruñeses que la disputa debía resolverse en los tribunales "y no mediante el asalto a las oficinas". El último episodio del día fue la llegada de los teóricos compradores de la entidad con un cerrajero, que fue informado por los administradores de que cometería un delito grave si sustituía las cerraduras. El escrito de denuncia también señala que los empresarios herculinos amenazaron a los tres empleados del puerto presentes en los distintos episodios.
Todos estos hechos han provocado que los responsables de Ronáutica y Combarromar y los empleados estén realizando guardias de 24 horas, por miedo a que las personas que pretendían comprar la sociedad perseveren en sus intenciones. Sin ir más lejos, el día 24 (hace este lunes ocho días), sobre las 12.00 horas, los denunciados manifestaron al responsable de marinería del puerto que pretendían entrar en la sala técnica de contadores. Así lo refleja una nueva denuncia interpuesta por Manuel Cameán, en la que se indica que el trabajador del puerto les negó el acceso y volvió a llamar a la Guardia Civil, consciente del intento de allanamiento que supuestamente sucedió dos días antes.
Por todo lo ocurrido, Cameáns y Andrade decidieron poner todos los hechos en conocimiento de las autoridades judiciales, explicando que la corporación Compromiso Galicia, de la que son administradores García Martín y Orozco, suscribió ante notario con ellos la compra de acciones de Ronáutica ante un notario vigués. La escritura contemplaba la condición resolutoria del contrato, que quedaría sin efecto si el 15 de enero de 2021 no se hubiese abonado el importe de la compra. Y eso fue, según los denunciantes, lo que ocurrió. Ronáutica poseía el 64 por ciento de los activos de Combarromar. El citado impago obligó a Rolando Andrade a la resolución del contrato y a la inscripción de la propiedad de las acciones a su nombre en el registro de la sociedad, algo que se produjo el 18 de enero.
Por otra parte, continúa la denuncia, el 1 de diciembre, Incat firmó la escritura de venta de sus acciones, el 27,8 por ciento de Combarromar, a Ronáutica. Al no haberse producido el primer pago pactado el 15 de enero, ambas partes resuelven el contrato.
Desde el citado 15 de enero, según los administradores mancomunados de Combarromar, "los denunciados han realizado varios intentos de apropiación" de la sociedad. Entre ellos destacan lo sucedido el 25 de enero, cuando comprobaron que la cuenta corriente de la firma en la entidad Abanca se encontraba bloqueada. "Puestos en contacto con la sucursal, esta indica que se han presentado los denunciados mostrando unos poderes de la sociedad que ya están revocados para exigir el bloqueo de las cuentas. La revocación de poderes ya había sido remitida con anterioridad a Abanca para evitar actuaciones fraudulentas de los denunciados". Rolando Andrade acudió a la sucursal y su directora desbloqueó la cuenta.
"JUNTAS FRAUDULENTAS". El penúltimo episodio de esta inverosímil historia (el último está aún por escribir) tiene que ver, según Combarromar, con que los presuntos compradores "están intentando tomar el control tanto de Ronáutica como de Combarromar mediante la celebración de juntas generales de accionistas fraudulentas en las que pretenden cesar a los actuales administradores y nombrarse a sí mismos nuevos administradores y de ambas ciudades".
Este periódico se puso en contacto con uno de los denunciados, Carlos García Martín, que se limitó a reconocer que "es cierto que se ha retenido un pago, pues hemos visto algunas irregularidades", a lo que no quiso añadir más detalles por el momento.
Como telón de fondo de esta clase de operaciones está la crisis económica, un caldo de cultivo excelente para que empresarios de mayor o menor solvencia intenten hacerse con activos que en este preciso momento no son rentables, pero que sí lo serían tras la pandemia. La covid acarreó u año sin apenas movimiento en un puerto deportivo eminentemente turístico como el de Combarro.
Un negocio de barcos de recreo y de locales hosteleros
Los denunciados por el intento de apropiación indebida del puerto deportivo de Combarro saben que en él hay un buen negocio. Sin embargo, se trata de un activo con una doble vertiente. La primera, la puramente portuaria, muy rentable, pues se trata de una de las dársenas con un mayor porcentaje de ocupación de las Rías Baixas. Bien es cierto que en estos momentos, en tiempos de pandemia y con la movilidad completamente restringida, el movimiento se reduce a la mínima expresión, y con él, el volumen de negocio.
Paralelamente, la entidad que administra el puerto tiene varios locales de hostelería. En este caso, la viabilidad económica de los mismos está aún por explotar, si bien varios de esos locales han funcionado de forma continuada durante algún tiempo antes de la actual crisis.
"Los clientes deben estar tranquilos, pues el servicio sigue igual que siempre", detallaron los administradores mancomunados de Combarrromar.
Uno de ellos, Manuel Cameán, explica que creyeron en la solvencia de los compradores, que les indicaron que estaban pendientes de recibir una cantidad millonaria desde Gibraltar que estaría retenida durante un tiempo, pero que les serviría para hacer frente al acuerdo que habían suscrito. "Poco a poco vimos cosas raras, un comportamiento irracional", explica el denunciante, que añade que "ahora mismo (en alusión al domingo) continúan dentro de uno de los locales de hostelería. No sé qué pretenden hacer allí, pero lo cierto es que allí siguen".
El asunto está ahora en manos de los tribunales de Justicia de Pontevedra, que serán quienes tengan que dictaminar si las pruebas aportadas por quienes denuncian el intento de apropiación indebida son suficientes como para desalojar a unos compradores que, al menos por ahora, no han pagado nada.
