Funcionarios que temen por su vida

Con situaciones cotidianas en las que un funcionario debe preservar la seguridad en cada módulo —de 50 reclusos—, los empleados de la prisión de A Lama se sienten víctimas de un sistema que los pone entre la espada y la pared. "La Administración nos trata como si estuviésemos moviendo papeles en lugar de presos", dicen.
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photo_camera Una representación de los funcionarios de prisiones adscritos a la nueva plataforma, congregada en uno de los patios del centro penitenciario de A Lama. DP

Alejada de toda influencia sindical o partidista. Así ha nacido la TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar), una plataforma integrada por funcionarios de prisiones de todo el país que ha dicho basta a los recortes de personal, a la escasez de formación y, especialmente, al ninguneo al que, aseguran, les somete Instituciones Pentenciarias, manteniéndoles en un estatus equivalente al de "un bedel o un administrativo que mueve papeles", sin tener en cuenta los riesgos que entraña el día a día en el interior de un centro penitenciario.

TAMPM crece en A Lama al compás de las malas noticias, y la grave agresión ocurrida hace un par de semanas fue la gota que colmó el vaso. Así lo explica Julio Díaz Mafé, encargado de la coordinación provincial de la asociación, que señala que "el colectivo surgió por el malestar ante las condiciones de inseguridad en las que tenemos que realizar nuestro trabajo, expuestos a agresiones, al abandono o al menos a la poca preocupación por parte de la Administración".

[ Concentración tras la última agresión grave en la prisión. DP ]

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En el centro penitenciario de Lama, cárcel de referencia no solo en Pontevedra sino en todo el Noroeste Peninsular, se produce en estos momentos una situación paradójica que revela Julio Díaz Mafé. "Por un lado, la población reclusa ha descendido mucho. Hemos pasado de los más de 2.000 internos que llegamos a acumular hace algunos años a los aproximadamente 800 que tenemos ahora. Eso, en teoría, debería ser positivo para la seguridad, pues hay menos hacinamiento y el contacto entre presos y su agresividad se limitan. Sin embargo, en este tiempo hemos perdido un tanto por ciento muy elevado de funcionarios, lo que hace que no haya efectivos suficientes como para asegurar todos los puestos. No se han repuesto las jubilaciones y nos encontramos con una media de un módulo —de unos 50 internos— para un solo funcionario. Eso provoca que ellos vean que no tenemos la suficiente protección y que aprecien que tampoco hay seguridad entre ellos, quedándonos sin el necesario poder coercitivo sobre ellos".

Además, esa misma situación acaba provocando que se produzcan escenas que ponen en riesgo la seguridad de todo el centro penitenciario, especialmente cuando se produce una agresión. "En esos casos, funcionarios del resto de módulos tienen que acudir en ayuda del que se encuentre en el lugar en el que se produce la agresión o para disolver una pelea, dejando el resto del centro penitenciario totalmente desprotegido, sin vigilancia".

"Nos sentimos completamente abandonados, como si fuésemos invisibles para la Administración", dicen

Un segundo problema relacionado con la escasez de personal viene dado por las constantes reducciones en los servicios médicos, que no dependen del Servizo Galego de Saúde (Sergas) sino que son propios de la prisión provincial de Pontevedra. "Se jubilan los médicos y no se reponen, y todo eso se soluciona con una atención muy rápida e inadecuada y sobremedicación".

Sobre este último asunto, Tu Abandono Me Puede Matar revela que en ocasiones entregan a los internos medicación para tres o para cinco días, "en bolsitas, muchas de ellas sustancias psicotrópicas, lo que supone una total incoherencia, pues se trata de personas adictas que no pueden autocontrolarse".

Otra situación que preocupa, y mucho, en el seno de la asociación de funcionarios de prisiones que coordina Julio Díaz en la provincia de Pontevedra es el "oscurantismo" de la Administración en general y de Instituciones Penitenciarias en particular en relación con las agresiones. "Nunca aportan imágenes de lo que sucede y pocas veces ofrecen datos", explica Díaz Mafé, que añade que "nosotros tenemos que dejar nuestros teléfonos móviles antes de entrar, y si alguien difunde alguna imagen, le expedientan. No existe derecho a la información", a lo que añade que "parece que vivimos en un trabajo oscuro, tenebroso, y estamos cansados de que se mantenga esta situación de abandono y la ocultación de la misma".

Sobre la reivindicación de que se les otorgue un estatus especial en el ejercicio de su trabajo como autoridad, el coordinador provincial señala que "no somos como Policía, Guardia Civil o Sanidad que tienen una regulación propia. Somos tratados como los funcionarios que están detrás de una mesa. Tampoco nos dan formación adecuada, teniendo en cuenta que trabajamos con personas que se hallan privadas de su liberad, con diferentes patologías y procedentes de distintas culturas".

Díaz Mafé recuerda que los funcionarios de prisiones no se dedican a trasladar expedientes de un lugar a otro, sino que tratan con personas, realizan una labor dirigida a la reinserción social, a la reeducación, y en ocasiones tienen que jugarse el físico para salvar la vida de los internos. Se les permite el uso de medios coercitivos (porras) pero no se les ofrece la formación para utilizarlas. "Nos sentimos invisibles, completamente abandonados por la Administración".

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