Los funcionarios de A Lama vuelven a protestar por el "deterioro" de sus condiciones

Se concentraron a las 07.30 horas para denunciar el "deterioro" de sus condiciones laborales

Los sindicatos Acaip, CC OO y UGT convocaron este lunes una nueva manifestación en la entrada de la cárcel pontevedresa de A Lama, en protesta por el "deterioro" de las condiciones laborales de los trabajadores de instituciones penitenciarias, la brecha salarial entre centros y la falta "escandalosa" de cobertura de las plazas vacantes.

Con la concentración que se desarrolló en coincidencia con el relevo del turno de mañana, ponen el acento en la reunión que tendrá lugar el martes en Madrid, en la que exigirán a la administración del Estado que aporte "una propuesta económica suficiente y capaz" para paliar la "brecha salarial" entre los funcionarios de los diferentes centros del Estado. 

Los sindicatos denuncian, en un comunicado, el "intencionado olvido y menosprecio" del Ministerio del Interior con el colectivo de prisiones en los últimos años, en lo que definen como la "etapa más decadente de prisiones de toda la democracia", ante la apuesta del Gobierno por "degradar el servicio público penitenciario y orientarlo a su privatización, deteriorando condiciones laborales". 

En esta línea, afirman que el Gobierno incorpora en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades necesarias para remunerar las plazas de trabajadores penitenciarios, tanto las ocupadas como las vacantes. Sin embargo, al no cubrirlas, "ahorra cientos de millones de euros". En concreto, los sindicatos aluden a que, en los presupuestos actuales, el Gobierno se ahorraría más de 115 millones al dejar sin cubrir 3.393 plazas. 

Una práctica que aseguran que es reiterada y que supone que en los tres últimos años se han dejado sin cubrir "siempre por encima de las 3.000 plazas". "Los empleados y empleadas públicas consideramos que es hurtarnos nuestros derechos laborales y económicos", añaden las centrales sindicales 

Las cifras "escandalosas" de plazas sin cubrir suponen el 30%, de modo que 1 de cada 4 empleados que debería de haber y está presupuestado no será contratado, según los datos que aportan los sindicatos. De hecho, calculan que la cantidad que se ahorraría el Estado es mayor que la que supondría garantizar la igualdad salarial entre puestos de trabajo iguales. 

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