El Ayuntamiento de A Lama ha presentado un recurso ante el Juzgado de lo contencioso administrativo de Pontevedra al considerar "arbitraria" la denegación de una subvención solicitada al amparo del plan Deporemse de la Diputación de Pontevedra para remodelar viales municipales, según informaron este miércoles fuentes municipales.
El municipio pontevedrés señala haber recurrido el acuerdo adoptado en una reunión plenaria provincial, el pasado 28 de septiembre, por el cual se desestimó su solicitud.
El origen de esta desavenencia entre ambas administraciones estaría, presuntamente, en la disconformidad del Ayuntamiento de A Lama con la aplicación del baremo objetivo empleado por los técnicos provinciales a la hora de evaluar los méritos del proyecto presentado.
A Lama optaba a financiar el proyecto de mejora de seguridad vial en la calle Miguel Carballal y en la carretera de acceso al lugar de A Fraga. Para los responsables municipales, el proyecto presentado cumplía "perfectamente" los fines para los que había sido creado por el plan Deporemse.
Señalan que en la zona de actuación está el centro educativo del municipio, el pabellón de deportes, la escuela taller, la iglesia parroquial e, incluso, el centro de salud, elementos fundamentales para optar a esta iniciativa orientada a la mejora de la seguridad vial en lugares con edificios con especial concurrencia de público.
Según el criterio defendido por A Lama, la Diputación habría actuado de forma "arbitraria o cuando menos incorrecta" a la hora de aplicar los baremos puntuables.
Además, denuncia que no tuvo en cuenta adecuadamente los certificados técnicos aportados por la Secretaría del Ayuntamiento para acreditar el número de kilómetros incluidos como propios en la extensión de la red viaria municipal, uno de los elementos valorables a la hora de alcanzar una puntuación adecuada para lograr su aprobación definitiva.
Ante esta circunstancia, el Gobierno municipal considera "lesionados" los intereses de sus vecinos, por lo que han decidido interponer este recurso contencioso administrativo para resolver un asunto que considera "gravemente perjudicial" para sus ciudadanos.
