Moldes revela que cinco informes internos aconsejan 'resetear' el contrato del agua

El alcalde de Poio contesta a las preguntas de la oposición sobre la decisión de 'tumbar' el proceso de redacción del pliego de condiciones del servicio, que supondrá seguir en precario con el mismo
Pleno POIO
photo_camera O alcalde de Poio, nun dos plenos celebrados este ano. ANXO LORENZO

El informe elaborado por la Secretaría del Concello de Poio avala la decisión que tomó el nuevo Gobierno de paralizar el proceso anterior e iniciar desde cero el contrato de abastecimiento y saneamiento del agua. 
Con este documento, el Gobierno de Ángel Moldes da respuesta a las preguntas realizadas por la oposición en Pleno, al respecto de este proceso que supondrá seguir con el servicio en precario y el inicio, desde cero, de todo el procedimiento. El texto señala que la Intervención municipal realizó ya un examen exhaustivo del anterior procedimiento informando hasta en cinco ocasiones sobre las dificultades para aprobar los términos en el que se realizaba la propuesta. A su vez, incluyó un informe de reparo suspensivo, que dice que "as advertencias realizadas son de suficiente importancia como para paralizar o proceso".

En el escrito de la Secretaría se hace referencia la cada uno de los cinco informes elaborados por la interventora, el primero de ellos de 27 de abril de 2022, en el que llama la atención sobre el hecho de que no figura en el expediente un estudio de viabilidad del contrato de concesión y, tampoco se motiva, justifica o documenta que la forma de gestión que se elige es la más sostenible y eficiente. 

Sobre estas cuestiones, la interventora vuelve a insistir en un nuevo informe con fecha de 13 de mayo de ese mismo año.
Por eso, el secretario recoge literalmente que "a pesar das consideracións realizadas pola intervención municipal continuouse coa tramitación do expediente sendo advertidas novas consideracións pola intervención municipal nun terceiro informe o 3 de agosto de 2022". Vuelven a destacar que este tipo de contratos de servicios "deben regular a distribución dos riscos entre a Administración e o concesionario", pero en el anterior contrato "parece que o risco que vai a asumir o contratista é mínimo". 

Ante esta situación incluso la interventora recomienda solicitar la emisión de informe por parte de la Oficina Nacional de Evaluación dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En cuanto a la naturaleza jurídica de la forma de cobro a los ciudadanos, tanto los informes de la Intervención como lo que ahora recoge la Secretaría insisten en que la nueva Ley de contratos del sector público, que entró en vigor en 2018, que impide mantener el sistema de tasaje obliga a cambiarla por el de tarifa del servicio. "No expediente obxecto de informe configuran como taxas as tarifas a abonar polos usuarios do servizo", algo que contraviene la normativa. 

Además, también incide en que las inversiones que se incluyen en la documentación preparatoria del contrato "pretenden deixar en mans do concesionario a execución das obras, sen precisar a súa definición e importe previamente, o que supón unha indefinición de elementos esenciais da concesión". Todas estas cuestiones son repetidas nos últimos dos informes de Intervención, con fecha 12 y 17 de abril de 2023. 

Así, en el escrito de la Secretaría concluye que la documentación preparatoria del contrato se refiere a noviembre de 2022, y considerando que los valores que se encuentran reflejados podrían haber cambiado es necesario hacer una revisión íntegra de esa documentación para acomodarlos a la realidad actual. Además, el estudio de costes analiza distintos componentes analizados sobre el sumatorio de los costes revisables y no sobre el valor íntegro de la actividad. Y, del mismo modo, la fórmula de revisión de precios determina a los del año anterior y no de la fecha de formalización del contrato.