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Piden prisión para una vecina de Vilaboa por una casa sin licencia: "Quedo sen ter onde vivir"

La afectada, arropada por vecinos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
La afectada, arropada por vecinos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

La Fiscalía solicita dos años de cárcel y sanción para la mujer por una denuncia de la APLU ▶Sobre la vivienda, no reconocida en las normas subsidiarias, podría pesar orden de derribo

Vive con su marido y sus dos hijos, de doce y cinco años, y si la demanda abierta en su contra prospera, podría verse obligada a demoler la casa familiar que levantó con sus propias manos, una bioconstrucción de tres plantas situada en el lugar de A Graña, perteneciente al municipio de Vilaboa. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) denunció su inmueble tras una inspección en 2014, justo cuando estaba finalizando la obra. "Di que esta casa non ten licenza e que está dentro dunha zona de especial protección denominada Montes do Morrazo", explica la afectada, que prefiere que su nombre no trascienda para evitar más sufrimiento a su familia.

La Fiscalía pide para ella dos años de prisión y una multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios (6.480 euros). "Non dispoño dese diñeiro para pagar e, no caso de perder o xuízo [la vista está fijada para el 21 de febrero en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Pontevedra] e que saia condenada, leva parello a demolición da casa. O problema non é a multa nin os dous anos de prisión, o problema é que quedo sen ter onde vivir eu e a miña familia", asegura.

"Estou segura de que non fixen nada malo. Non creo que cometera ningún delito, e menos medioambiental", defiende

 

La situación en la que se encuentra es "un sinsentido", según ella misma afirma, pues no solo la suya, sino "todas las casas están fóra de ordenación" porque la aldea "non está recoñecida nas normas subsidiarias" de Urbanismo. Se refiere a la quincena de viviendas existentes en el lugar de A Graña y también a algunas otras próximas en la zona de Postemirón. En la parcela que la afectada adquirió para levantar su casa había ya una vivienda "en ruínas". La mujer asegura que "antes de construír intentamos pedir licenza" y fue ahí cuando se topó con la "sorpresa" de que ni siquiera la casa anterior figuraba en el Catastro. "Como facía todo o mundo daquela, decidimos ir facendo", explica. Y la casa quedó construida en apenas seis meses.

Entonces se inició el procedimiento administrativo de la APLU, que según indica la afectada, no aceptó ninguna de sus alegaciones. El caso acabó en la Fiscalía de Pontevedra y en el juzgado. "Nós insistimos en que agora mesmo a casa xa cumpre os requisitos da nova lei, que a parcela ten 2.000 metros [anteriormente el mínimo exigido era de 4.000] e que hai una explotación agrícola cuxo funcionamento se pode demostrar. É un absurdo que non se recoñeza que isto é unha aldea porque aquí naceron as bisavoas da xente que vive agora", a pesar de que, según apunta, "non chega nin o alcantarillado nin o teléfono fixo".

"Estou segura de que non fixemos nada malo. Non creo que cometera ningún delito, e menos medioambiental", defiende aludiendo a que con la instalación de su casa y su pequeña explotación de hortalizas anexa "recuperamos o valor da terra" en una zona donde "antes había eucaliptos", detalla la afectada, que seguirá "dando a batalla para demostrar que o que está pasando é un sinsentido".

Varios vecinos están recibiendo avisos de multas
La vecina de A Graña para la que la Fiscalía pide dos años de prisión no es la única afectada por la situación urbanística que vive el concello, pendiente de la aprobación provisional de su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La denunciada asegura que desde finales del pasado año "están chegando decenas de multas" de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), ante lo que tienen previsto convocar una asamblea para analizar la situación.

El nuevo PXOM podría permitir la legalización de parte de las viviendas que ahora carecen de legalidad. Sin ir más lejos, el documento que ahora está en fase de tramitación incluye parcialmente la parcela de la afectada de A Graña en la clasificación de Suelo de Núcleo Rural, tras la alegación presentada por la interesada.

AUGAS DE GALICIA. Tras más de 15 años de trabajo y readaptación a las cambiantes directrices de Urbanismo, Costas y Patrimonio, el PXOM de Vilaboa recibió en mayo de 2017 la orden de no aprobación. El Concello debía justificar cómo proveerá el Plan el abastecimiento de agua para los núcleos rurales y urbanos y su ámbito de crecimiento.

La relación de comunidades de agua y manantiales legalizados y todos los datos sobre el abastecimiento existentes ya fueron incorporados al documento. Ahora el Concello espera el visto bueno de Augas de Galicia para continuar el procedimiento de aprobación.

 

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