La Corporación de Poio debatió el martes temas de gran calado social en el Pleno ordinario de este mes, en el que se demostró gran división entre oposición y Gobierno bipartito en casi todos los puntos que afectan al día a día de los vecinos: desde el debate sobre la situación de los servicios relativos a la sanidad en el concello hasta el cobro del Ibi, pasando por acuerdos más genéricos como el manifiesto del 8-M o la moción del PSOE sobre las pensiones públicas. El debate duró tres horas exactas y se saldó con la aprobación de una moción a instancias del BNG para remitir a la Xunta y pedir al Sergas que acelere la construcción del nuevo centro de salud de Poio y evite el deterioro del sistema que se está detectando en el municipio a raíz de la no sustitución de los médicos de baja, como el de Combarro, que en la actualidad está generando listas de espera de hasta doce días. En este punto el PP rechazó la moción, apoyada por el resto de los grupos, al entender que es el BNG el que desprestigia a la sanidad con su campaña informativa sobre la situación.
El texto aprobado incluye una petición al Gobierno autonómico para "manter os consultorios periféricos de Raxó e Combarro, tal e como aprobou por unanimidade a última sesión plenaria".
Además, se pide "mellorar a atención sanitaria que se presta nos actuais centros de saúde, substituíndo ao persoal sanitario cando está de baixa e permiso". El bipartito recuerda que el nuevo centro del Concello debe estar capacitado para 17.000 habitantes y tener en cuenta que esta población se duplica en verano.
Otra de las mociones que tuvo el apoyo de BNG, PSdeG y la edil no adscrita, Silvia Díaz, fue la de los socialistas en defensa de las pensiones públicas. El PP no estuvo de acuerdo con el texto que pide proteger la capacidad adquisitiva de los mayores, como tampoco lo estuvo en apoyar el manifiesto oficial sobre la igualdad, que se hará público con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día de la Mujer, en este caso por el apoyo explícito que el Gobierno local hace a la participación de las vecinas y trabajadoras del Concello en el paro de esa jornada, conocido como Folga das Mulleres. En cuanto a las mociones del PP, su texto para defender la Prisión Permanente Revisable no contó con el apoyo de ninguna formación.
IBI. El Partido Popular también acudió a la sesión con una pregunta sobre el cobro del Ibi y los famosos atrasos a los vecinos afectados por la reciente regularización catastral. El PP quiere conocer los datos sobre la recaudación total por este proceso, pero antes de la sesión no se le habían entregado por escrito.
Los populares achacaron al Gobierno local la "ocultación" de los datos totales sobre la recaudación y afearon sus evasivas ante un tema que "preocupa a moitos veciños". El PP alerta de que hay casos de vecinos que tendrán que hacer frente a facturas de hasta 4.000 euros para ponerse al día con este impuesto.
El BNG respondió que el proceso de actualización catastral fue aprobado por el Gobierno central y no por el bipartito. Respecto a las cifras, los 60 euros que se cobraron a cada afectado irán para el Gobierno y suman 211.000, mientras que por las anualidades el Concello recibirá 177.000 euros este año y cifras de entre 100.000 y 150.000 por cada anualidad atrasada, de modo que el total ronda el medio millón de euros.
