El PP de Ponte Caldelas denuncia el "obstruccionismo" del alcalde al no convocar el pleno ordinario

Los populares consideran que el gobierno de Andrés Díaz incurre en "un comportamiento antidemocrático sin precedentes"
Un pleno del Concello de Ponte Caldelas. ARCHIVO
photo_camera Un pleno del Concello de Ponte Caldelas. ARCHIVO

El grupo municipal del PP en la corporación de Ponte Caldelas ha remitido por registro al alcalde, Andrés Díaz (PSOE), un escrito mediante el que se exige la convocatoria inmediata de un pleno ordinario. Según relata en un comunicado, el mes de enero finalizó sin que tuviese lugar la celebración de la sesión plenaria que legalmente establece el artículo 23 de la Constitución española, la ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y el acuerdo plenario organizativo del 21 de junio de 2019 mediante el que se fijaba la celebración de los plenos ordinarios un jueves cada dos meses impares. 

Los populares remarcan que la no convocatoria de pleno ordinario, el "único" en el que la oposición puede llevar a cabo su labor de control y fiscalización de la acción de gobierno, "resulta un hecho inédito" en la corporación municipal de Ponte Caldelas y es cualificado como "muy grave desde el punto de vista de participación democrática" de los representantes de la ciudadanía en los asuntos públicos. 

Por ello, avisan de que, en el caso de que no se produzca esa convocatoria de forma inmediata, se procederá a actuar "con todos los mecanismos democráticos que prevé la legislación española y las bases de Régimen Local". 

El PP censura lo que ve "un comportamiento antidemocrático sin precedentes" y lo enmarca dentro de la "política obstruccionista y oscurantista" desarrollada por el gobierno de Andrés Díaz, que "entorpece al máximo la acción de control de la oposición a todos los niveles". 

También aseguran que resulta "curioso" que el pleno no se convoque cuando el alcalde "afirma que el Ayuntamiento cierra el ejercicio de 2019 con una gran cantidad de facturas no pagadas y que tendrán que ser sometidas a reconocimiento extrajudicial de crédito y que ronda, según las propias cifras hechas públicas por el alcalde en su Facebook, los 700.000 euros y que hablan a las claras de una gestión nefasta". 

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