La familia Romay, que ha presentado un recurso ante el TSXG para impugnar el proceso expropiatorio iniciado por el Concello de Poio para consolidar un vial que da acceso a unos chalés en O Casal, se ha manifestado en desacuerdo con la versión ofrecida por el alcalde, Luciano Sobral, sobre este proceso y las causas del mismo. Miguel Romay, en representación del conjunto de herederos de Pazo de A Graña dejó claro que las posturas con el Concello de Poio no se podrán acercar mediante una negociación, como dice el alcalde que sucedió "porque falta a la verdad". Romay dice que no ha habido conversaciones encaminadas a solventar el conflicto de ocupación del suelo del acceso a la urbanización, compuesta por seis chalés, y afirma que, por una parte, antes de 2017, "la última entrevista que tuvo el alcalde con mi hermano Fernando Romay, antes de su fallecimiento, dos testigos corroboran que mi hermano dijo que no se habló nada de cifras".
El portavoz familiar recuerda que la expropiación es un acto reglado "en beneficio público, no de los dueños de la urbanización"
Y, por otra, que "en la entrevista que tuvo conmigo en la primavera del 2018, en su despacho, no se habló de dinero" aunque, "quedamos en que en un mes vería que podía hacer y que me llamaría, pero nunca me llamó".
Romay insiste en que el alcalde no puede afirmar que se consideraban los terrenos públicos "cuando él mismo tenía que abrir la cancilla para pasar por allí con su camión, años atrás, cuando era transportista". A su vez, destaca que, el litigio actual "es una cuestión de dignidad", puesto que "como representante de esta familia no puedo tolerar la serie de tropelías que han hecho con nosotros". Además, pone en duda "que los técnicos de Poio, personas profesionales y cualificadas, hayan dado estos informes así por las buenas" de la urbanización, cuando ya "se han perdido dos pleitos, con las costas", respecto a la titularidad de la misma.
A su vez, insiste en que, aunque el alcalde afirma que actuará para defender las licencias concedida con criterios como la inclusión de la calle en el PXOM, "él se va a defender con dinero del Ayuntamiento, mientras nosotros nos defendemos con nuestro dinero de esta injusticia. Le recuerdo a Sobral que la familia Romay Graña paga impuestos en Poio. Por favor, no use nuestro dinero para atacarnos. Nosotros no nos hemos metido con nadie, ha sido el Concello quien ocupó un terreno y ahora quiere usurparlo usando el procedimiento de beneficio público que será un beneficio solo para los dueños de la urbanización".
