La plataforma de vecinos de Vilaboa afectados por las órdenes de derribo de la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) cumplió esta semana cinco meses desde el inicio de las acciones de resistencia pacífica emprendidas delante de la vivienda de Enrique López Patricio, el afectado por una orden de derribo para la que se había fijado fecha de inicio el pasado 21 de mayo.
En estos cinco meses y después de una sucesión de reuniones en las que los afectados fueron atendidos por responsables de la Aplu y en la que recibieron la visita de representantes de varias formaciones políticas que prometieron mediar en favor de regularizar el urbanismo en la costa vilaboesa, el conflicto social sigue vigente, como acreditan las andainas reivindicativas que se celebran tres veces por semana o las peticiones de reuniones y ayuda que sigue cursando la plataforma.
"A delegada de Costas amosouse aberta a desatrancar a nosa situación, pero aínda non se aprobou o PXOM"
La última de estas peticiones se consumó hace unos días en la delegación de Pontevedra de Costas del Estado. "A delegada amosou receptividade á nosa petición para que se desatranque a situación das casas do litoral pendentes de expedientes, pero non se aprobou aínda o Plan Xeral e será entón cando teñamos que volver falar", explicó este jueves Enrique López Patricio, que indicó que, en todo caso, este departamento parece estar pendiente de un cambio de titular, por lo que "o falado é, sobre todo, unha mostra de boa vontade".
El Plan Xeral que, según lo acordado en las últimas reuniones con el equipo redactor, podría estar listo para su aprobación en el Pleno en las próximas semanas, es la gran esperanza para decenas de afectados de la franja de costa, así como para la mayoría de los vecinos con casas en suelo rústico aún sin legalizar.
Las noticias alentadoras del Concello respecto a las posibilidades reales de aprobar el plan mantienen a los afectados en un estado de calma tensa en la que hay paz social, aunque no han cesado las marchas ni se han retirado los carteles, ni se ha desmantelado el denominado campamento.
"Os veciños seguen vindo, aínda que con menos frecuencia, tras tantos meses de protestas"
El espacio en donde los vecinos hicieron guardias durante semanas para avisar de la presencia de inspectores de la Aplu o responsables de la constructora que tuvo (o tiene –los vecinos desconocen si el contrato tenía plazo de ejecución o si ha podido caducar–) sigue recibiendo visitas de todos los residentes en Cobres, "aínda que con menos frecuencia, tras tantos meses de protestas", explica López Patricio. La principal función ahora es la de lugar de encuentro en el que se alberga alguna partida de cartas, se toman cafés y se comparten dulces o distintas variedades de aguardientes llegadas desde cada casa, mientras no se consigue una solución para la vivienda afectada.
PROBLEMA GLOBAL. Hace apenas dos semanas, en el campamento se presentó un equipo de TVE para grabar una pieza que se integró en el programa Comando Actualidad y en la que el caso se equiparó con otros de Galicia y de Levante. Los afectados señalan que, tras meses de esfuerzo, por fin consiguen hacer entender que el de Enrique López Patricio o los de los demás afectados no son expedientes aislados, sino que forman parte de un problema global generado por un desajuste entre el planeamiento local y los sucesivos cambios en la Ley de Costas.
Tal como explicó este jueves el propietario, una vez que se apruebe el PXOM, la mayor parte de los afectados por expedientes en suelo rústico podrá optar a la legalización. "O problema con Augas de Galicia queda limitado a dous barrios de Bértola, un máis en Vilaboa e outro en Cobres", afirma. La situación de los afectados de Costas dependerá de cada expediente y de la decisión concreta que se pueda tomar negociando la vía de actuación con el Gobierno central. Aunque hace años se había ofrecido una disposición transitoria para legalizar las viviendas, se desconoce si esa vía, abierta con la última reforma de la Ley de Costas, podría ser útil. Para las casas con sentencia firme –como la de López Patricio- los vecinos creen que solo cabe un acuerdo político que permita la no ejecución de la sentencia de derribo, puesto que el terreno también podrá pasar a declararse urbanizable.
El afectado insistió en varias ocasiones en que eso es posible, teniendo en cuenta la cantidad de fallos judiciales de tipo urbanístico que tiene pendientes la Administración y que afectan a casos mucho más significativos.
Más propuestas. La llegada del invierno obliga a 'diversificar'
![Exterior de la casa, que permanece desocupada desde mayo. C. FERNÁNDEZ - Vilaboa]()
Exterior de la casa, que permanece desocupada desde mayo. C. FERNÁNDEZ
Aunque cinco meses de cooperación vecinal son muchos, López Patricio reconoce que "os veciños seguen a esforzarse por vir ás marchas".
La llegada del mal tiempo, sin embargo, cambiará los hábitos de este colectivo. "Con chuvia non nos podemos reunir aquí no campamento, nin seguir coas andainas reivindicativas. Haberá algunha procesión con candeas e outras cousas que estamos pensando facer nesta nova etapa" explicó el afectado, que, por su parte, selló con plásticos la casa de la discordia "para que non entre a auga dentro".
El inmueble, sin ventanas, a medio desmantelar, sigue esperando una vía alternativa para librarse de la ejecución de la sentencia ordenada por la Aplu.
