"Son unos sinvergüenzas y van a acabar en la cárcel"

La controvertida venta de acciones del puerto deportivo de Combarro amenaza con convertirse en un culebrón administrativo que solo culminará con la decisión que dicte en su momento el Juzgado que instruye ya el caso. Entre tanto, cruces de acusaciones, intervenciones de la Guardia Civil, intentos de ocupación y amenazas varias que han crispado hasta el límite las relaciones que en octubre habían sellado con un apretón de manos los empresarios coruñeses Carlos García Martín y Carlos Orozco con Manuel Cameán y Rolando Andrade, propietarios de Intec y Ronáutica y, en la práctica, propietarios de la dársena poiense.

Los segundos acusaron a los primeros de no pagar lo acordado y de intentar hacerse cargo del negocio "a las bravas". De sus reiterados intentos por ocupar las instalaciones hay constancia en la Guardia Civil, que tuvo que personarse en varias ocasiones en el pantalán para desalojarlos. Incluso hay una denuncia por los destrozos causados a una barrera y también consta un intento por cambiar las cerraduras que finalmente no se llevó a cabo.

INDIGNADO. Carlos García Martín accedió este lunes a dar su versión de los hechos a este periódico (después de que el día anterior hubiese preferido guardar silencio) y estalló contra sus demandantes, a los que tildó de "pandilla de sinvergüenzas".

Negó todas las acusaciones que se habían vertido contra él y su socio y anticipó la presentación de una demanda contra los gerentes náuticos. "No solo estamos mi socio y yo, sino que somos 17 las personas afectadas", apuntó tras desvelar que la querella solicitará "18 años de prisión para cada uno", por lo que no dudó de que "van a acabar en la cárcel".

El empresario coruñés reconoció los impagos que se les atribuyen, pero matizó que fue una recomendación de su asesoría jurídica después de detectar "una serie de irregularidades con una primera cantidad que sí les entregamos para abonar unos avales y que ellos, en vez de tramitarlos, se gastaron donde quisieron".

García Martín agrega que decidieron "no hacer ningún pago más hasta que todo eso se aclarase" sin poder llegar a un acuerdo con los vendedores, porque "siguieron convocando y anulando juntas para que nadie pudiera tener acceso a la documentación".

Matiza, igualmente, que una de las ocupaciones que se les atribuye era, en realidad, una reparación que pretendía realizar Viaqua en los contadores tras detectarse una fuga de agua.

Preguntado el lunes por estas declaraciones, Manuel Cameán se limitó a reiterar que "hay un contrato firmado y ellos no lo han cumplido", al tiempo que también señaló al Juzgado para resolver "toda esta situación de una vez".