El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación y ha confirmado la condena de 40 años y 2 meses de cárcel para Miguel G.R., por haber matado a su hermana y su sobrina disparándoles con una pistola, en agosto de 2020 en Soutomaior.
La defensa del procesado alegó, en la vista celebrada el pasado 9 de enero, que había actuado en legítima defensa y llevado por un miedo insuperable, ya que había sido agredido por su hermana y su sobrina cuando éstas fueron a su casa a recuperar una escalera que el hombre había tomado prestada.
Asimismo, el condenado también pidió que se rebajara la pena teniendo en cuenta la atenuante de confesión, y pidió que la relación de parentesco con las víctimas se tomase como atenuante y no como agravante, debido a la "malísima relación" con su hermana y su sobrina.
En su resolución, el alto tribunal gallego desestima estos argumentos y expone, por un lado, que no hay pruebas de que las víctimas le hubieran atacado con una azada y un machete, ya que no se probó que los aperos fueran de ellas y el acusado no tenía heridas compatibles con la supuesta agresión.
Por otro lado, el TSXG ve correctamente aplicadas las agravantes de alevosía y parentesco, y descarta que se pueda rebajar la pena por confesión, ya que Miguel G.R. escondió el arma del crimen y hay indicios de que manipuló la escena. Finalmente, determina que "no existe el mínimo indicio de que el acusado hubiere padecido tal miedo insuperable".
Hechos y condena
Los hechos por los que fue juzgado este vecino de Soutomaior se remontan al 21 de agosto de 2020 cuando, a primera hora de la tarde, su hermana Genoveva y su sobrina Noelia acudieron a la infravivienda en la que habitaba el acusado para reclamarle una escalera.
Allí, el hombre cogió una pistola automática de calibre 9 mm, para la que no tenía licencia, y disparó prácticamente a quemarropa a las víctimas, sin que tuvieran posibilidad de defensa.
Miguel G.R. fue juzgado por un tribunal de jurado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo) en mayo del año pasado, y fue condenado a penas que suman 40 años y 2 meses de cárcel, por dos asesinatos y un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia también le impuso indemnizaciones que superaban los 257.000 euros a tres familiares de las fallecidas.
