La Consellería de Infraestructuras y Movilidad, a través de Augas de Galicia, ha notificado este jueves a todos los interesados la resolución de la caducidad de la concesión de Ponte do Inferno, en el río Verdugo, en la que se establece el deber de la demolición de los elementos de aprovechamiento existentes en el río.
Mediante esta resolución concluye el expediente de extinción, por fin del plazo concesional, del aprovechamiento hidroeléctrico de Ponte do Inferno, implantado en el río Verdugo, en los ayuntamientos de Ponte Caldelas, Soutomaior y Pontevedra, una vez cumplido el trámite de audiencia a todos los interesados y de acuerdo a la normativa vigente y el interés general.
La resolución de extinción del derecho concesional firmada por Augas de Galicia, como organismo competente de cuenca de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, establece que el titular de la concesión queda obligado a demoler los elementos implantados en la zona de dominio público hidráulico del río Verdugo que conforman el aprovechamiento hidroeléctrico de Ponte do Inferno, procediendo del mismo modo a la integración o demolición de aquellos implantados fuera de esa zona.
La concesionaria también deberá proceder a la anulación del desvío de agua hacia canal de derivación a la mayor brevedad posible, y en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la data de recepción de la notificación de la resolución de extinción del citado derecho concesional.
Del mismo modo, con el fin de iniciar la tramitación relativa a la demolición e integración de los distintos elementos del salto, la concesionaria deberá presentar en Augas de Galicia, en el plazo máximo de seis meses desde la data de notificación de la resolución, un documento técnico que describa y defina todas las actuaciones necesarias para la demolición de los elementos del aprovechamiento hidroeléctrico que se encuentren implantados sobre el dominio público hidráulico.
Más en detalle, el documento técnico deberá describir y recoger las propuestas de adecuación a realizar con las restantes infraestructuras y elementos integrantes del aprovechamiento situadas fuera del dominio público hidráulico.
La titular de la concesión también deberá entregar la correspondiente documentación ambiental relativa a dichos proyectos, para el inicio de la evaluación de impacto ambiental de las diferentes actuaciones o la justificación de la no necesidad de sometimiento a la misma, segundo el dispuesto en la normativa vigente, en el que se analicen los impactos potenciales que las obras pueden provocar sobre el medio ambiente y las medidas que se tomarán para su idónea protección.
Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias, la concesionaria dispondrá de 18 meses para proceder a la demolición de las obras en dominio publico hidráulico y para las restantes obras que ordene Augas de Galicia.
Conocida la noticia, el alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, ha celebrado este jueves que "o obxectivo está cumprido".
