Varias horas de deliberación y negociaciones fueron precisas para evitar el juicio contra una pareja domiciliada en Tui acusada de la detención ilegal de un octogenario que acabaría falleciendo en Portugal en el marco del secuestro.
Previo reconocimiento de los hechos que se les atribuían, el fiscal ofreció penas de dos años de prisión para cada uno de ellos, lo que permite la suspensión del ingreso en un centro penitenciario si cumplen ciertas premisas. La hija de la víctima y su pareja sufren alteraciones psíquicas, según trascendió, lo que les sirvió de circunstancia atenuante a la hora de individualizar la pena. En todo caso, para evitar la cárcel deberán abonar la responsabilidad civil que se les imponga, someterse a un tratamiento médico y cumplir la orden de alejamiento que se les impuso en favor de la esposa de la víctima (madre de la acusada).
Los hechos, según consta en el escrito de acusación elaborado por el Ministerio Fiscal y que este martes dieron por bueno los investigados, se produjeron el 6 de octubre de 2019, cuando los acusados, que convivían desde hacía un tiempo con la víctima y su esposa, madre de una de las investigadas, "de común acuerdo y con compartido ánimo de menoscabar la libertad de la víctima, sin recabar su consentimiento y por tanto contra su voluntad y contra la voluntad expresa y la oposición de su esposa, le cogieron en brazos levantándolo de la cama y se lo llevaron en coche a Portugal, donde lo retuvieron en el domicilio sito en Gafanha da Nacere, Pelas, hasta su fallecimiento el 27 de octubre de 2019".
El fallecido, que contaba con 85 años en el momento en el que sucedió el presunto crimen, precisaba de una silla de ruedas para desplazarse a causa de una parálisis por efecto de un ictus que sufrió en 2009.
El acuerdo previo evitó un largo juicio, pues en la jornada del marrtes se habían reunido en la Audiencia decenas de testigos para arrojar luz sobre lo sucedido.
