Acusan a un guardia civil de facilitar el hurto de cientos de árboles

Cuatro personas confesaron los hechos, no así el agente, que se enfrenta a una posible inhabilitación de tres años para su profesión
El acusado, en la Audiencia de Pontevedra. DAVID FREIRE
photo_camera El acusado, en la Audiencia de Pontevedra. DAVID FREIRE

Cuarenta propietarios particulares y una comunidad de montes de Poio son las víctimas conocidas de un entramado dedicado a localizar fincas en distintos puntos de la provincia con el objetivo de talar sus eucaliptos y venderlos sin el consentimiento de los dueños de los terrenos. Para esta operativa, según la Fiscalía, resultaba imprescindible la cooperación de un agente de la Guardia Civil, que, aprovechando su acceso a los datos del catastro, señalaba al resto los objetivos más fáciles de atacar. La doble vista celebrada este miércoles y jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra desembocó en cuatro condenados por la vía de la conformidad. Todos menos el miembro del Instituto Armado, que negó los hechos ante el tribunal y, aunque dijo conocer al resto de encausados, manifestó que no les facilitó dato alguno acerca de fincas de otras personas para proceder a su tala. El acusado contó con el apoyo de las personas que habían reconocido los hechos el día anterior, pues todos negaron haber recibido esos datos. Sin embargo, el miembro de la Guardia Civil que lideró la investigación explicó con todo lujo de detalles los motivos que les llevaron a acusar a su compañero, habiendo acreditado por distintas vías los accesos a las fuentes catastrales y su coincidencia con las denuncias de los particulares que informaban de que sus eucaliptos habían sido objeto de tala.

El acusado declaró que solo vio fincas en el catastro "por la herencia de mi padre", pero aclaró que "no tengo ningún interés por investigar fincas de aprovechamiento maderero". "Nunca facilité datos sobre titularidades", añadió, a preguntas del fiscal del caso, Jesús Calles, que, sin embargo, consideró los hechos acreditados.

A continuación intervinieron dos de los condenados el día anterior, que declararon conocer al guardia pero aseguraron que no les dio nada. "Yo hablaba directamente con los propietarios de las fincas", dijo uno de ellos, que añadió que "Guillermo (así se llama el agente) solo me hacía consultas de jardinería".

El instructor de las diligencias, por su parte, relató que en 2013 comenzaron a recibir informaciones sobre talas no autorizadas, por lo que ordenó al Seprona de Cangas que iniciase las diligencias. Al principio solo eran casos en O Morrazo, pero al año siguiente, según dijo, comenzaron a surgir en el área de Sanxenxo y Cambados, lo que le llevó a pensar que "era algo más amplio". El funcionario desveló que la clave la encontraron en 2016, cuando un informe de Medio Rural hacía encajar sus investigaciones con solicitudes de tala de árboles. Ello le llevó a ordenar una auditoría del catastro en relación con personal de la Guardia Civil desde 2013. En ella destacó el hecho de que casi la mitad eran sobre terrenos forestales y muchas de ellas de la zona de Cangas. "Vimos a 120 propietarios diferentes. Eso indica que se estudió el terreno", añadió.

El fiscal sostiene que la colaboración del guardia civil permitía al grupo obtener la información relativa a la situación de las fincas en las que realizaban las talas o la de sus actuales titulares.

Según el fiscal, "abusando de las funciones que tenía encomendadas y actuando en perjuicio de los propietarios reales", este acusado facilitaba información confidencial a los ahora condenados que, de esta manera, conocían las fincas con aprovechamiento forestal, las que no tenían un dueño identificado con certeza en el Catastro o el titular real del mismo. Por ello, pide que sea inhabilitado durante tres años.

Rebajas en virtud del acuerdo

Los damnificados por el engranaje delictivo juzgado esta semana en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra son 40 dueños de montes y una mancomunidad de Poio, Barro, Caldas de Reis, Ponte Caldelas, Bueu, Sanxenxo, Meis, Meaño y Cangas.

Muchos de ellos ya han sido indemnizados con anterioridad al juicio, una circunstancia que ha sido tenida en cuenta por el Ministerio Público para rebajar las penas a los cuatro acusados que reconocieron los hechos, quedándose en diez meses de prisión por hurto continuado, otros diez meses por falsedad documental y un mes por pertenencia a grupo criminal, muy por debajo de los más de cinco solicitados inicialmente.

La defensa del guardia civil pidió la absolución por falta de pruebas.