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La alcaldesa de O Porriño admite irregularidades administrativas pero niega prevaricación en varios contratos

Eva García de la Torre, alcaldesa de O Porriño. FACEBOOK
Eva García de la Torre, alcaldesa de O Porriño. FACEBOOK

El juzgado de instrucción número 2 ha abierto diligencias contra Eva García de la Torre y otros dos ediles de su gobierno por contratos de recogida de basura, limpieza viaria y desbroces supuestamente fraudulentos

La alcaldesa de O Porriño, Eva García de la Torre, ha admitido este viernes que puede haber "irregularidades administrativas" en varios contratos de servicios de recogida de basura, limpieza viaria y desbroces, aunque ha explicado que éstas se deben a la "imposibilidad", hasta ahora, de licitar de forma conveniente, y ha negado rotundamente que pueda hablarse de un delito de prevaricación, ya que "ni hubo dolo penal, ni desprecio a la ley". Así se ha manifestado la regidora después de que trascendiese que el juzgado de instrucción número 2 de O Porriño ha abierto diligencias contra ella y otros dos ediles de su gobierno (el socialista Orlando Márquez, y Manuel Carrera de UDDL) por esos contratos supuestamente fraudulentos. 

García de la Torre ha explicado que, cuando llegó al gobierno local, un servicio básico tan importante como la limpieza se realizaba a través de contratos de colaboración. Al expirar éstos, el actual gobierno quiso externalizar ese servicio (y también lla recogida de basura), pero los concursos convocados quedaron desiertos o se presentaron otras dificultades (como el hecho de que O Porriño tiene un presupuesto prorrogado desde 2012).

 LICITACIONES FALLIDAS. Después de las licitaciones fallidas, el Ayuntamiento contrató a una empresa para redactar los pliegos y la valoración del servicio de recogida de basura (en torno a 1,3 millones de euros). Del mismo modo, se está preparando la licitación del servicio de limpieza, y "está todo documentado". 

Mientras no se adjudican esos contratos, ha explicado Eva García de la Torre, su obligación como alcaldesa, tal y como se recoge en la Ley de Bases de Régimen Local, es "garantizar" la prestación de esos servicios considerados básicos (por cuestiones de salubridad y seguridad). 
 

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