Logró una plaza en la Policía Local de Pontevedra y, al dejar la que tenía en Vilaboa, el alcalde se vio obligado a cerrar temporalmente el servicio, por no conseguir repuesto para su único efectivo. Hay escasez de agentes en toda Galicia y el ejemplo de este lugar, que saltó esta misma semana a los titulares ilustra el extremo de una situación que se está dando, en mayor o menor medida, en toda Galicia. Hay déficit de personal para los puestos existentes.
El gobierno vilaboés, que encadenó varios años con un único municipal (por ley deberían ser dos y un oficial), tiene en marcha un refuerzo del salario de los funcionarios para atraer de nuevo a efectivos a ambos puestos, pero la tarea, que parece sencilla, no será fácil. ¿El motivo? La escasez de recursos que se ha generado en el último año la aplicación del Real Decreto 1449/2018 que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales y a la que se han acogido en los últimos 12 meses decenas de efectivos que, al acumular los 35 años o más cotizados han podido retirarse a partir de los 59 años de edad.
Casi la séptima parte de los puestos de la provincia están vacantes, según los datos que los municipios han aportado a la Xunta
En Pontevedra provincia, el jefe de la Policia de Cangas y expresidente de la Unión de Jefes de Policía (Unijepol), Alberto Agulla, estima que la medida ha afectado en mayor o menor medida a todos los planteles, en una franja de entre el 10 y el 50%. Hay cuerpos policiales que han adelgazado hasta perder a la mitad de sus efectivos y la convocatoria de plazas, aún con el sistema unificado de demanda y convocatoria de oposiciones que la Xunta acaba de implantar, no llega a tiempo de reabastecer la demanda de personal.
La Dirección Xeral de Interior e Emerxencias, que mantiene listados de la cantidad de efectivos en cada localidad actualizados con los datos de los propios concellos, no ha evaluado al detalle el impacto de este decreto, en parte porque depende de la información que cada entidad aporta por voluntad propia.
Lo que sí posee es un balance que cifra en 438 el total de puestos vacantes de la provincia. Equivale casi a la séptima parte de la cantidad total de funcionarios policiales de toda Pontevedra (un total de 2.886). Esta sangría, sumada al hecho de que pueden optar a plazas de reserva en otros lugares ha motivado que los agentes empiecen a gozar de mayor variedad de destinos a elegir y, como consecuencia, que los lugares más pequeños se queden sin opciones ante la competición de las grandes ciudades.
Servicios como el de O Grove o Cangas han tenido que renunciar al turno de noche al no poder reponer plazas
Pertenecer a un cuerpo con mayor organización del trabajo, más medios técnicos y mejores remuneraciones, son los objetivos de los aspirantes que han cambiado de destino en los últimos tiempos.
En lo que respecta a los cuerpos de seguridad locales, el hecho de no contar con salarios unificados (la retribución puede variar hasta en 1.800 euros de diferencia en todo el territorio nacional) ni con una carta de servicios idéntica y posibilidades de formarse, condiciona también las preferencias del personal disponible. Así, mientras en los grandes núcleos hay retos como las reformas de movilidad sotenible, las colaboraciones en materia de violencia de género, en educación vial o en cuestiones medioambientales, en los pequeños, la suma de notificaciones, tráfico y atestados urbanísticos pueden copar las jornadas sin que haya un reparto de tiempo o funciones que permita la especialización. En cuanto al destino elegido, Vigo y Pontevedra pueden presumir de no notar en exceso el efecto de las jubilaciones.
AFECTADOS. No sucede así con los concellos medianos. En la provincia de Pontevedra, los que más están acusando el efecto del real decreto son los que se sitúan en torno a los 10.000 o 40.000 habitantes.
Existen ejemplos como el de Vilagarcía, que lleva años convocando plazas para reponer los agentes que se van. Tendría que haber 45 efectivos, pero solo cuenta con 33, mientras que el resto está en proceso de selección. Otro caso similar es el de A Estrada, con ocho funcionarios disponibles (de 18 plazas); el de Bueu, que suma otros ocho agentes de los 14 puestos y el de O Grove, en donde se han suprimido los turnos de noche ante la pérdida de efectivos. Lo mismo ha sucedido en Cangas, donde se han registrado un 50% de bajas y quedan 12 agentes.
En el lado opuesto de la balanza, Marín cuenta con una plantilla integrada por 28 componentes, de los que solo faltan tres, o Caldas de Reis, con un servicio compuesto por 13 efectivos que no impide que este cuerpo, con 130 años de antigüedad, complete turnos de vigilancia de 24 horas los 365 días del año.
