La Audiencia vistió este miércoles, una vez más, sus mejores galas. El juicio del año (Sito Miñanco aparte) se inició en medio de una gran expectación alrededor de la presencia de Feliciano Miguel Rosendo, presunto líder de la extinta orden de Los Miguelianos, que comparecía junto a nueve personas más, acusadas de conformar una organización criminal en forma de "secta destructiva" alrededor de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, que llevaba muchos años presente en el Sur de Pontevedra.
La primera sesión del juicio giró en torno a los turnos de cuestiones previas reservados para cada una de las defensas y de las acusaciones, cuya conclusión más notable fue la exoneración, en la práctica (lo será oficialmente cuando la presidenta del tribunal redacte el auto que así lo determine), de la esposa y de los dos hijos de Rosendo, que se sentaban en el banquillo acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales que no puede seguir adelante por un motivo bien sencillo: la cantidad supuestamente defraudada no alcanza el mínimo legal establecido que eleva una infracción administrativa a la categoría de ilícito penal, 120.000 euros. El fiscal del caso señaló que "por 2.000 euros" no se puede acreditar el delito, por lo que admitió la procedencia de la solicitud de las defensas, que echa por tierra uno de los argumentos que había puesto sobre la mesa la letrada de la acusación particular.
LA VISTA. La vista oral, que se desarrolló sin contratiempos tras haber sido suspendida en dos ocasiones por la indisposición del letrado de Rosendo, Marcos García Montes, se inició con las argumentaciones del conocido abogado, que comenzó por atacar a la acusación particular por "falta de legitimación" antes de anunciar la petición de nulidad por una presunta vulneración del derecho de defensa por la falta de tiempo para el análisis de los ordenadores de los investigados, que fueron entregados a las partes hace menos de un mes.
El letrado también criticó el inicio de las investigaciones, que, según dijo, partieron del informe de un detective privado "alimentado a petición de un sacerdote", a lo que añadió que "todo esto ya había sido investigado en 2006 y se dijo que no había nada". "Se inició con algo viciado. El detective creó la secta".
Beatriz Seijo, letrada de otros de los procesados, explicó con detalle la solicitud de la nulidad relacionada con los volcados del material informático. "Hace más de un año que pedimos el acceso a los dispositivos incautados en los domicilios y no hemos podido acceder a ellos hasta ahora. Tienen una relevancia esencial". Seijo también manifestó su disconformidad con la lentitud de la tramitación de la fase instructora. "Este es un caso de corte eminentemente testifical y llevamos casi cuatro años".
Además, según explicaron ambos letrados, problemas informáticos provocaron que hasta el momento solo se haya podido volcar el 16 por ciento del material solicitado.
Iria Quiñones, patrocinada de Seijo, declaró tras la sesión del miércoles que se trata de grabaciones de conversaciones que demostrarían parte de la vida normal que vivían los miembros de la Orden en el seno de dicha asociación, en la que "participaban libremente".
Ivana Lima, la segunda migueliana defendida por Seijo, defendió la inocencia del líder de la orden. "Por supuesto, Miguel Rosendo es inocente y los demás acusados también", y se mostró convencida de que durante este juicio van a demostrar su inocencia y que "esto ha sido un montaje desde el principio. Duele mucho lo que ha pasado, es todo una sarta de mentiras muy serias".
"Solo tengo mi palabra para defenderme y se dice que estoy abducida y coaccionada; solo espero que las magistradas me crean", concluyó.
Ana Reguera, letrada de la acusación particular, se mostró satisfecha por el inicio del juicio y valoró como "tiempo más que suficiente" el mes que han tenido las defensas para el volcado de los equipos informáticos.
