La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el vicepresidente César Mosquera han mantenido este martes un encuentro de trabajo en el Salón de Plenos del Pazo Provincial con los 22 ayuntamientos interesados en la puesta en marcha del cuerpo provincial de inspección de residuos del Plan Revitaliza para concretar fórmulas de colaboración, las competencias, implicaciones y necesidades.
César Mosquera ha advertido que con la nueva normativa "se abandona definitivamente el buenismo y se supera la fase de voluntariedad para pasar a la fase de obligatoriedad", o dicho de otro modo, "sensibilización si, pero con unos objetivos numéricos, cuantitativos, claros, bien definidos y de obligado cumplimiento", ha abundado.
Así, han transmitido que la Diputación quiere dar una respuesta coordinada ante el nuevo marco legislativo sobre residuos que supone, en palabras de Mosquera, "una auténtica revolución" que impone a los ayuntamientos "exigencias radicales" bajo amenaza de sanción. Esto obliga a tener un servicio municipal de control además de otros requerimientos de los que hasta ahora los gobiernos locales tampoco se tenían que hacer cargo.
Debido a que las labores de control sobre los residuos municipales solo pueden desarrollarse por parte de personas funcionarias de carrera o por agentes de la Policía Local, son muchos los ayuntamientos que detectaron posibles problemas para afrontar las nuevas exigencias.
Así, la Diputación de Pontevedra "tiende la mano" a los ayuntamientos de la provincia para que a través del Revitaliza vayan "por el camino que marca la ley". De este modo, habrá nuevas líneas de ayudas, se dará asesoramiento, y se creará este cuerpo de control e inspección.
APOYO. Carmela Silva ha destacado que con esta reunión se adelantan "a la repercusión que pueda tener la nueva legislación en el mundo local", de modo que la Diputación de Pontevedra va a poner a disposición de los 22 ayuntamientos (con 234.896 habitantes) "no solo un instrumento de apoyo, sino también poder aprovechar todo lo positivo de esta transformación que se va a dar en la gestión de residuos". Pontevedra y Vigo dispondrán de medios propios para esa tarea.
Según ha destacado César Mosquera, tienden "la mano a los ayuntamientos que puedan tener problemas para llevarlo a cabo" a través de una fórmula de encomienda de gestión mediante convenio bilateral y bajo mayoría absoluta del Pleno. La Diputación aportará más del 50% del coste del servicio.
Están adheridos a la propuesta de participar en el nuevo cuerpo de inspección de la Diputación los ayuntamientos de A Lama, Barro, Poio, Meaño, Meis, Vilagarcía, Bueu, Cangas, Moaña, Valga, Baiona, Gondomar, Mondariz Balneario, Ponteareas, Salvaterra, O Rosal, Tomiño, Redondela, Pazos de Borbén, Soutomaior, Salceda e Silleda.
La propuesta del gobierno provincial consiste en que la Diputación creará un cuerpo de inspección que dará servicio a los ayuntamientos que estén interesados y hagan el encargo de gestión. Será un sistema parecido al que en estos momentos los municipios hacen con la recaudación municipal, que derivan al Oral.
Además, la Diputación oferta a los ayuntamientos líneas de ayudas para la elaboración de nuevas normativas de residuos y también se ofrece a transmitir la información local sobre los residuos de cada municipio a la Xunta.
Los plazos para cumplir con los objetivos de reciclaje están vencidos ya, puesto que en junio de 2020 era obligado haber preparado para reciclar el 50% de los residuos, en 2025 se exigirá reciclar el 55%, el 60% en 2030, y el 65% en 2035. Los resultados actuales reflejan que la provincia apenas llega al 15%, Galicia está entre el 12 y el 13%, y el Estado alcanza el 15-16%.
