Sea una consecuencia de la pandemia, o bien una derivada de la permisividad legal y del aumento del fenómeno okupa, lo cierto es que las cifras oficiales apuntan a que la provincia de Pontevedra tiene ahora mismo un 29,5% más de viviendas habitadas contra la voluntad de sus dueños legales que antes del estallido de la crisis sanitaria.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado solo admiten la existencia de 171 inmuebles okupados en Galicia, a 31 de diciembre de 2020. Son los casos que están oficialmente denunciados y sobre los cuales se ha abierto un expediente de investigación. Además están los casos de viviendas o naves industriales allanadas, pero sobre las que no consta denuncia, bien por tratarse de propietarios desconocidos o de titularidad bancaria y que todavía no fueron puestas en conocimiento ni de los juzgados ni de la policía.
Así consta en una respuesta a una pregunta formulada en la Cámara Alta por la senadora pontevedresa del PP Pilar Rojo. Según el Gobierno, estos 171 inmuebles en los que habitan personas contra la voluntad de los propietarios legales son un 32,5% más que hace un año. En 2019 solo había 129 viviendas o locales en estas condiciones en Galicia.
Interior entiende por ocupación de inmuebles tanto el allanamiento de morada (primeras y segundas residencias) como la usurpación de todo tipo de inmuebles, sean residenciales o no.
De todos ellos, 57 estaban en la provincia de Pontevedra a 1 de enero de 2021. Son 13 más que los registrados durante 2019, cuando las estadísticas del Ministerio del Interior marcaron 44 ocupaciones para esta provincia. El crecimiento es del 29,5%, ligeramente por debajo de la media gallega, que rompe A Coruña, donde el fenómeno de los okupas experimento un crecimiento del 39% durante el año de la pandemia (con 92 inmuebles en esta situación, frente a los 66 del año anterior). En Lugo el aumento ha sido del 30%, con 13 casas ocupadas en 2020 por las 10 que se contabilizaron en 2019. Y Ourense mantuvo en 2020 el mismo número de ocupaciones que el ejercicio precedente, con un total de 9 según los datos de Interior.
En toda España, un total de 14.621 inmuebles fueron usurpados en 2019, según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), del Ministerio del Interior. Ello supone una media de 40 al día y 2.407 más que el año anterior. Pero se trata de la estadística oficial, porque el Instituto Cerdà suscribió un informe propio en 2017 donde se cifraba en más de 87.500 las viviendas ocupadas en todo el Estado español.
