Investigan un fraude de hasta 20 millones de euros a los fondos europeos en Pontevedra

La Guardia Civil activó un protocolo de cooperación internacional con la Policía Judiciaria del país vecino a raíz de una orden europea
Un miembro de la Guardia Civil. DP
photo_camera Un miembro de la Guardia Civil. DP

La Guardia Civil y la Policía Judiciaria portuguesa realizaron la pasada semana varios registros en empresas de la provincia de Pontevedra durante la investigación de un posible fraude de hasta 20 millones de euros a fondos de la Comunidad Económica Europea.

Según ha informado el cuerpo armado este viernes en un comunicado, están investigadas penalmente hasta diez personas por delito fiscal y se han hecho cuatro registros en la provincia de Pontevedra, que se llevaron a cabo de forma simultánea en sociedades ubicadas en Vigo, O Rosal y Oia.

La Guardia Civil de Pontevedra activó un protocolo de cooperación internacional con la Policía Judiciaria del país vecino a raíz de una orden europea de investigación instada por las autoridades judiciales portuguesas por medio del Juzgado de Instrucción número cuatro de Vigo, en el marco de la denominada Operación Frangus.

Esta orden europea surgió a raíz de las investigaciones que se están llevando a cabo en Portugal sobre presuntos fraudes en subvenciones concedidas por la Comunidad Económica Europea.

La Guardia Civil informa de que la facturación de estas sociedades no parece responder a negocios reales

Las pesquisas determinaron que empresas de ambos países habían establecido un circuito de facturaciones para obtener fondos comunitarios del programa 'Portugal 2020'.

Para ello, las compañías españolas, algunas de ellas administradas por ciudadanos portugueses, podrían estar emitiendo facturaciones falsas para las sociedades portuguesas, llegándose a verificar que algunas de las que conformaban el entramado estaban dirigidas por el mismo administrador.

La Guardia Civil procedió a incautarse de numerosa documentación relativa a balances, extractos de cuentas corrientes, declaraciones fiscales o comprobantes de pago, que pueden ser determinantes para esclarecer los hechos investigados, en los que el montante de la cantidad defraudada puede superar los 20 millones de euros.

A falta de un análisis pormenorizado de la documentación intervenida, la Guardia Civil informa de que la facturación de estas sociedades no parece responder a negocios reales, sino que está orientada a justificar de forma fraudulenta las solicitudes de subvenciones de fondos europeos.

Comentarios