El pleno ordinario de la Diputación de Pontevedra ha aprobado este viernes la incorporación de casi 31 millones de euros a su presupuesto, con los votos a favor del Partido Socialista y el BNG y la abstención del diputado de la Coalición electoral SON y el voto en contra del Partido Popular. Según ha explicado el vicepresidente de la institución, César Mosquera, la Diputación de Pontevedra es la primera administración local en Galicia que incorpora sus remanentes líquidos y suplementos de crédito.
Ello denota, a juicio del mandatario nacionalista, "una capacidad de gestión que no tiene ninguna otra administración" y también que el gobierno provincial "tiene proyecto" y una "hoja de ruta clara". Sin embargo, para el portavoz del Partido Popular, Ángel Moldes, en el bipartito formado por PSOE y BNG "quiere vender su falta de ejecución como un éxito" y aseguró que en la Diputación, de cada 10 euros sólo gastaron tres.
Por su parte, el diputado delegado de Economía, Carlos López Font, ha calificado las tesis del PP como "falsedades e información tergiversada" y ha defendido la "brillante gestión" del gobierno presidido por la socialista Carmela Silva. Además, ha vinculado la reacción del PP a su "descenso electoral".
Finalmente la modificación de crédito fue aprobada con los votos del Partido Socialista y del Bloque, lo que permitirá a la Diputación incorporar más de 30 millones de euros al presupuesto de 2018, que alcanzará los 190 millones que servirán de apoyo a los ayuntamientos para garantizar servicios respetando la autonomía local y dedicando más recursos a los ayuntamientos más pequeños, tal y como justificó López Font.
OTROS TEMAS. La sesión plenaria arrancó con un gesto de cariño hacia el diputado del PP José Manuel Figueroa por el reciente fallecimiento de su padre. Además, a los miembros de la Corporación se les entregó una flor de camelia en el marco de los actos organizados por el Día de Rosalía de Castro.
Hubo dos intervenciones fuera del orden del día, una por parte de el comité de empresa de Maderas Iglesias en defensa de sus puestos de trabajo y otra de los vecinos de Baredo, en Baiona, en contra de la construcción de un campo de golf en terrenos expropiados a la comunidad de montes.
