"En la provincia de Pontevedra son necesarios 150 guardias civiles"

Marcelino García, presidente de la UniónGC y vocal del consejo del Instituto Armado, se presenta a la reelección
García Bermúdez, en el centro, junto al resto de miembros de la candidatura de su grupo.UNIÓN GC
photo_camera García Bermúdez, en el centro, junto al resto de miembros de la candidatura de su grupo.UNIÓN GC

El Consejo de la Guardia Civil es el órgano del Instituto Armado que sirve de enlace entre todos y cada uno de los agentes que conforman la Benérita y el alto mando, desde la directora general hasta el ministro del Interior. El lucense Marcelino García Bermúdez, actualmente destinado en el destacamento de Tráfico de Verín, se presenta a la reelección como vocal en el citado organismo. García Bermúdez, que es el presidente de la Unión de Guardias Civiles, asociación profesional con gran representación a nivel estatal, estará mañana y el miércoles en Pontevedra con motivo de las votaciones para la conformación de un nuevo Consejo, en el que espera mantener su puesto para defender los derechos de todos sus compañeros.

Marcelino García Bermúdez quiso recordar que en la provincia de Pontevedra existe una importante carencia de personal que es preciso cubrir. En concreto, destacó, "en la provincia de Pontevedra ahora mismo hay 1.450 efectivos, por lo que son necesarios cerca de 150 para completar las plantillas". El presidente de la Unión de Guardias Civiles explica que su función es la de "servir de puente entre todos nuestros compañeros y la Dirección General, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa", al tiempo que recuerda que en los últimos años participó en medio centenar de reuniones, manteniéndose muy activos a pesar de la pandemia de la covid-19.

García Bermúdez pide a los guardias civiles el voto prometiendo que desde el Consejo seguirá luchando por la equiparación salarial, la conciliación familiar y laboral a través de una mejora en los turnos de trabajo, el derecho a sindicación en el seno del Instituto Armado, la reestructuración del despliegue de la Guardia Civil, la readmisión de "compañeros fundadores del asociacionismo expulsados del cuerpo en los 80 y los 90" y mejorar los medios que garanticen la seguridad de los agentes en acto de servicio. Además, pedirá la concesión de medallas "de manera justa", así como la no aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles, junto a la ya citada recuperación de la plantilla hasta los niveles óptimos para ofrecer un buen servicio.

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