Tercer juicio penal por una vivienda sin licencia en el municipio de Vilaboa

'Salvemos Vilaboa' y 'Afectados polo PXOM' estudiarán nuevas protestas frente a la presión de la APLU

Movilización celebrada en 2016 en Vilaboa exigiendo una solución para los casos abiertos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO
photo_camera Movilización celebrada en 2016 en Vilaboa exigiendo una solución para los casos abiertos. JAVIER CERVERA-MERCADILLO

Tensión social de nuevo en Vilaboa por culpa del Plan Xeral, de la actuación de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y de la judialización de los casos de viviendas sin licencia. El colectivo Salvemos Vilaboa acaba de anunciar una asamblea urgente para mañana (Casa da Cultura de Riomaior, 12.30 horas) en la que se analizará si adoptar medidas "en resposta ó acoso da Xunta ó concello de Vilaboa".

La cita llega en un momento en el que la frustración no puede ser más elevada, ya que la semana próxima se celebrará el tercer juicio por vía penal contra la propietaria de una casa construida en suelo rústico en menos de un año. Esta vecina es titular de una vivienda en la que reside desde 2013 con su marido y su hija de corta edad. Para ella, la Fiscalía, basándose en los informes presentados por la APLU en su día, pide una pena de sanción económica de más de 6.000 euros y otra de dos años de cárcel. La casa está en suelo rústico, pero sería legalizable en el momento en que se aprobase el PXOM, que hace casi un año recibió un duro revés de la Dirección Xeral de Urbanismo, que exigió nuevas aportaciones de documentos y mapas para aprobarlo. El colectivo de Afectados polo PXOM denunció este hecho, señalando que en los tres casos que han llegado a los tribunales se pidieron penas de cárcel, cuando los demandados son unidades familiares que han procedido a reparar o construir su primera y única residencia ycuando el acto administrativo de aprobar PXOM permitiría legalizar las casas.

La sede de la Consellería de Medio Ambiente en la Xunta acogió esta misma semana una reunión en la que se trataron los casos judiciales, los expedientes y los derribos pendientes. Con unos 37 casos en este municipio, la APLU insiste en que Vilaboa no es un caso especial ni hay persecución a sus habitantes, según aclaró la portavoz del Partido Popular, Beatriz Rosendo.

En la cita, además de todos los portavoces municipales, estaban la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato; la directora xeral, Encarna Rivas, y el responsable de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, José Antonio Cerdeira. Al margen de los casos particulares, se indicó que, si Augas de Galicia acepta el último informe sobre el abastecimiento, el Plan se aprobará en cuestión de meses. En caso contrario, se baraja analizar la aprobación parcial del mismo para las parroquias que no presenten problemas de abastecimiento.

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