viernes. 23.04.2021 |
El tiempo
viernes. 23.04.2021
El tiempo

Los testigos describen las retenciones y retrasos que sufrieron por las obras de Rande

Uno de los testigos que declaró en la vista por los peajes abusivos de la AP-9. BEATRIZ CÍSCAR
Uno de los testigos que declaró en la vista por los peajes abusivos de la AP-9. BEATRIZ CÍSCAR
Vista para sentencia la apelación contra la sentencia que condenó a Audasa por peajes abusivos

La vista de apelación a la sentencia que condenó a Audasa, concesionaria de la AP-9, por el cobro abusivo de peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande, celebrada este miércoles en la Audiencia de Pontevedra, ha quedado vista para sentencia con la solicitud de la concesionaria de su estimación plena tras considerar que la prueba testifical de este miércoles no es suficiente para modificar la valoración de la prueba que se hizo en primera instancia. 

Los cinco testigos presentados por el Ministerio Fiscal eran usuarios recurrentes de las AP-9 durante las obras realizadas entre 2015 y 2018 y todos coincidieron en señalar que éstas causaron habituales retenciones y retrasos que afectaron a sus vidas, pese a lo cual siguieron pagando el mismo peaje que cuando podían circular sin trabas por la autopista.

Los relatos, interrumpidos por el juez porque todos incidían en los mismos aspectos, subrayaron los retrasos y retenciones diarias, no puntuales, que podrían suponer en algunos casos hasta media hora.

Aseguraron que, en todo caso, las retenciones importantes no fueron siete, como quedó escrito en el fallo de primera instancia, sino que se las encontraron en “el 70 o el 90 por ciento” de las veces que circularon por la vía de pago.

Los testigos, interpelados por la Fiscalía y los abogados de los usuarios y la concesionaria, señalaron además que nunca vieron carteles ni señales que les advirtiesen de que podrían encontrarse carriles cortados, maquinaria pesada en medio de la vía, arcenes más estrechos de lo que marca la normativa o retenciones.

Señalaron, asimismo, que no se plantearon utilizar una vía alternativa porque “no existe” y que una vez dentro de la autopista no tenían cómo abandonarla sin pagar peaje tras encontrar “embotellamientos”, fundamentalmente a la entrada y salida del puente de Rande.

Para la Fiscalía, además, el hecho de que los testigos declarasen que la presencia de la Guardia Civil era recurrente en la zona donde se producían las retenciones es prueba de que las obras sí generaron un impacto en la circulación que afectó a los usuarios de la AP-9.

Por último, y a los efectos de valorar la acción de indemnización, la Fiscalía se refirió, por la similitud entre los procedimientos, a la sentencia del pasado 25 de enero en el procedimiento de Volkswagen, que alude a la posibilidad de homogeneizar los perjuicios a los efectos de concertar una indemnización para todos y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados.

Para Audasa los testigos que declararon hoy no pueden ser creíbles al ser interesados, “posibles perceptores de la indemnización que pide la Fiscalía", por los que es necesario “poner en tela de juicio la valoración de sus declaraciones”, las cuales son en muchas ocasiones contradictorias por lo que “no pueden tener suficiente peso para suspender la valoración de la prueba”.

Ha incidido Audasa en el hecho de que no tiene competencias para poner señales o indicaciones fuera de la autopista de la que es concesionaria y ha recordado que los usuarios optaron en libertad por el uso de la AP-9 de manera continuada pese a ser conscientes, como dijeron, de que posiblemente se encontrasen retenciones.

También ahondó la concesionaria en que su responsabilidad es cobrar el peaje íntegro, toda vez que una modificación, reducción o exoneración del pago no es algo que le competa a ella.

"Audasa ha cumplido lo que establece la legislación. El cumplimiento de la ley al que Audasa está sometido impide que pueda haber práctica abusiva", dijo su abogado.

La vista de este miércoles vino a cuestionar el fallo emitido en febrero de 2020 por el juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra, que concluyó que Audasa debía restituir el importe cobrado en concepto de peajes durante las 81 incidencias acreditadas durante estas obras, entre febrero de 2015 y junio de 2019.

Entre otras consideraciones, el juez estimaba como "indiferente" que las incidencias, que supusieron atascos y demoras, fuesen provocadas por las obras o por otras circunstancias, tales como accidentes, vehículos averiados, incendios o desprendimientos de tierras.

"Lo relevante no es la causa, sino el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no ha recibido la prestación del servicio y al que no se le ha proporcionado la información necesaria para que pudiese tomar su decisión", aseguraba en la sentencia.

Los testigos describen las retenciones y retrasos que sufrieron por...
Comentarios
ç