"En la zona viven unas 40.000 personas y casi todas las familias dependen de la buena conservación de este espacio. Todos, de alguna manera, estamos ligados a la ensenada, y la economía de la comarca depende directamente de su protección y conservación", explicaron las comunidades afectadas en un encuentro organizado por la eurodiputada de Podemos Idoia Villanueva.
La ensenada está bajo la jurisdicción del Puerto de Vigo y la futura construcción de una nueva terminal portuaria en la ría supondría un golpe fatal para sus ecosistemas, alertan los vecinos, que cuentan con el apoyo de Villanueva.
"Son quienes mejor conocen lo que ocurre, quienes ven cómo se degrada el entorno y cómo afecta a las familias de la zona. Es fundamental que, precisamente ahora que se está revisando la aplicación de la directiva, la Comisión escuche a los afectados y recoja la información que las cofradías, plataformas y autoridades locales le ofrecen de primera mano", ha dicho la eurodiputada.
Las poblaciones de la zona están luchando por la desafectación completa de la ensenada, es decir, que deje de estar sometida a la administración portuaria, y se convierta en dominio público marítimo y terrestre.
Tal y como explican en un comunicado los denunciantes, para que la protección jurídica que otorga la Red Natura se haga efectiva es necesario un plan de gestión para Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que ni el Puerto ni la Xunta han desarrollado hasta ahora.
Aunque en ocasiones la actividad económica entra en contradicción con la protección medioambiental, en este caso sucede justo lo contrario, según reconocieron los representantes de la Comisión Europea.
De hecho, la institución envió en 2015 una carta de emplazamiento al Gobierno de España por incumplir la Directiva Hábitats, y el documento señalaba también que el Plan Director de la Xunta de Galicia para la Red Natura 2000 era insuficiente y no fijaba medidas específicas de conservación de la ensenada.
En julio de 2020, la Comisión volvió a dirigirse al Ejecutivo para pedir que resolviese las carencias de la red. Actualmente está estudiando la respuesta y espera tomar una decisión a principios de 2021.
Si las medidas adoptadas para proteger éste y otros parajes no fuesen suficientes, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento de la Directiva.
En la reunión participaron la Plataforma en Defensa de la Ensenada; representantes de las cofradías de Arcade y Redondela y de la agrupación de mariscadoras de Redondela; la alcaldesa de dicho concello, Digna Rivas, y miembros de los de Moaña y Soutomaior; además de vocales del sector de la pesca y asociaciones vecinales.
