El Ayuntamiento de Ponteareas ha incorporado a una mujer víctima de violencia machista en el que también trabaja un hombre que tiene decretada una orden de alejamiento respecto de la misma.
La Corporación de ese municipio pontevedrés incorporó recientemente a once mujeres como parte de un programa de la Xunta para favorecer la integración laboral de víctimas de la violencia machista.
El Ayuntamiento de Ponteareas precisa en un comunicado que tanto ella como su expareja, que tiene dictada una orden de alejamiento como medida cautelar hasta la celebración de juicio, pusieron en conocimiento del Gobierno local esta situación.
Ambos ocupan dependencias diferentes y a una distancia de más de 400 metros, el doble de lo que exige la medida cautelar dictada.
De este modo, el Gobierno multipartito encabezado por Xosé Represas (BNG) responde al PP, que había solicitado explicaciones por una posible vulneración de dicha orden judicial.
También niega el Gobierno local, como apuntaba el PP, que el trabajador en cuestión sea jefe de esta mujer, pues insiste en que trabajan en departamentos diferentes.
Sea como fuere, el regidor de Ponteareas ha solicitado a la asesoría jurídica municipal, a la dirección del centro de información a la mujer y al departamento de personal del Ayuntamiento sendos informes sobre la necesidad, si la hubiera, de tomar cualquier tipo de medida al respecto.
El PP de Ponteareas incide en que ésta y otras diez mujeres fueron contratadas recientemente por el Ayuntamiento gracias a las ayudas otorgadas por la Xunta de Galicia, en este caso de 188.000 euros, que tienen como finalidad la contratación de personas víctimas de violencia de género.
El PP reclama al Gobierno local garantizar que ambos empleados puedan ejercer su trabajo "en un clima de tranquilidad y no provocar esta tensión".
El alcalde ha convocado a los portavoces municipales para darles "información detallada" sobre este asunto y pie "responsabilidad" a la oposición.
Recalca que el Gobierno local "está comprometido, con hechos, en la lucha contra la violencia de género", lo que se debe hacer, añade, "respetando la legalidad, los derechos de todos y la presunción de inocencia de las personas no condenadas por sentencia judicial".
