La Junta Ordinaria de Accionistas del Pontevedra Club de Fútbol volverá a celebrarse a altas temperaturas, aunque se lleve a cabo en enero.
En esta ocasión, el motivo será la propuesta del consejo de administración de emprender acciones legales por la vía mercantil contra el anterior presidente del club, José Manuel Fernández.
Así lo explica el quinto punto del orden del día de la citada asamblea, que se llevará a cabo el próximo lunes 28 de enero de 2019, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Pazo da Cultura: "Aprobación, a propuesta del consejo de administración, del ejercicio de la oportuna acción de responsabilidad contra el anterior o anteriores administradores".
El equipo gestor actual considera que el expresidente incurrió en deslealtad hacia los intereses de la entidad. En su momento, ello provocó un juicio penal contra el propio José Manuel Fernández y contra el exdirector deportivo del club, Milo Abelleira, ambos exonerados por los tribunales de primera instancia y más tarde por la Audiencia Provincial, tras el recurso presentado por el club.
En aquel momento, el PCF SAD agotó la vía penal, pero se reservó la opción de acudir a la vía civil, de la que ahora pretende hacer uso, siempre y cuando disponga del visto bueno de la mayoría de sus accionistas.
Detrás del largo proceso de litigios contra José Manuel Fernández se encuentra un reconocimiento de deuda del club a Abelleira en los días anteriores a la salida del propio Fernández de la institución y la llegada de Lupe Murillo a la presidencia.
El documento, a juicio del PCF SAD, fue determinante para que el club fuese condenado a abonar 135.830,26 euros a Milo en un juicio laboral anterior. Tiene fecha del 20 de junio de 2014, "once días después de que José Manuel Fernández fuese apartado de su cargo de consejero delegado único por parte del Consejo de Administración, ante la pérdida de confianza en su gestión al frente del club. Por tanto, no estaba autorizado para proceder", explicó en su momento el PCF al respecto.
El club granate sostiene que el reconocimiento de deuda se llevó a cabo a espaldas del consejo de administración, algo que el implicado niega, como explicó en el juicio penal en el que expresó que sus compañeros de consejo estaban al corriente de todas sus decisiones y de su actividad.
Desde la perspectiva del club, además, las cantidades de aquel reconocimiento de deuda a Milo no eran correctas. Es decir, que la firma de Fernández habría permitido al técnico percibir cantidades que ya había cobrado con anterioridad.
En el caso de tener el consentimiento de sus accionistas, el consejo de administración del PCF solicitará que Fernández responda con su patrimonio por sus presuntas acciones.
